Tras la confirmación por parte de la Cámara de Casación de la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el fiscal Mario Villar anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema. Su objetivo es que la expresidente sea también condenada como jefa de una asociación ilícita, lo que podría elevar su pena a doce años de prisión. Además, la fiscalía buscará revertir la absolución del exministro Julio de Vido.
Un funcionario judicial de larga trayectoria en Comodoro Py comentó: «El caso Vialidad es un manual sobre el delito de asociación ilícita», resaltando la magnitud y complejidad de la causa. El fiscal Diego Luciani, durante el juicio, había solicitado una condena de doce años para Kirchner, acusándola de fraude al Estado y de liderar una asociación ilícita.
El 6 de diciembre de 2022, la exvicepresidente se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción. El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la encontró culpable de administración fraudulenta, estimando un perjuicio al Estado de 85.000 millones de pesos.
La Cámara de Casación, en su revisión, afirmó que se comprobó «una extraordinaria maniobra fraudulenta» en 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Estas obras fueron sistemáticamente adjudicadas a empresas vinculadas a Lázaro Báez, cuyo imperio empresarial creció de manera exponencial gracias a estos contratos. Los magistrados señalaron que funcionarios de Vialidad Nacional y Provincial actuaron «al margen del interés público», creando una fachada de legalidad para encubrir actos corruptos.
Detalles de la causa
Si bien la Cámara confirmó las penas para Kirchner, Báez, José López, Nelson Periotti y otros acusados, el debate interno fue notable. El juez Gustavo Hornos, en minoría, sostuvo que la exmandataria debía ser condenada como jefa de una asociación ilícita, alineándose con el juez Basso del tribunal original.
El fiscal Villar está convencido de que existió una asociación ilícita durante el periodo investigado. Argumenta que se configuraron todos los elementos que exige el Código Penal para este delito. Enfatizando así que se creó un «sistema de corrupción» utilizando como pretexto la obra pública vial.
La decisión de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña de no considerar la asociación ilícita será apelada por Villar ante la Corte Suprema. La fiscalía sostiene que cada una de las 51 licitaciones constituye una defraudación individual. Lo que demuestra la multiplicidad de delitos necesaria para tipificar la asociación ilícita.
Respecto a Báez, la fiscalía lo describe como un «empresario creado» para facilitar el desvío de fondos públicos y el direccionamiento de contratos viales. Siendo así una pieza clave en la organización delictiva.
Factor clave para el pedido ante la Corte Suprema
El principal punto de discordia radica en si las 51 licitaciones representan un único delito continuado o múltiples delitos individuales. Borinsky y Barroetaveña consideran que se trata de una sola gran defraudación. Sin embargo, la fiscalía y el juez Hornos argumentan que cada licitación fue un delito en sí mismo. En consecuencia, evidenciando una planificación criminal sostenida en el tiempo.
El juez Hornos enfatizó que la estructura operó durante más de doce años, desde el inicio del mandato de Néstor Kirchner hasta el final del segundo mandato de Cristina Kirchner. Señaló que se trató de una red de colaboradores estratégicos en posiciones clave. Y que explotó el aparato estatal para su beneficio personal y el de sus asociados.
Según esta perspectiva, la asociación ilícita no se limitó a irregularidades aisladas, sino que fue una organización criminal estable y continua. Es decir, con una estrategia clara de saquear los recursos del Estado mediante la manipulación sistemática de licitaciones y contratos públicos.
La fiscalía buscará que la Corte Suprema reconozca esta visión y agrave la condena de Cristina Kirchner. De ser aceptada la apelación, la ex presidenta podría enfrentar una pena mayor y un mayor impacto en su futuro político y legal.
