La primera etapa del blanqueo de capitales en la Argentina concluyó el pasado 8 de noviembre con un saldo positivo: más de u$s23.321 millones en bienes y efectivo regularizados. Este monto incluye una gran participación de dinero en efectivo, que muchos aprovecharon porque era la única etapa que lo permitía.
Del total declarado, u$s20.631 millones correspondieron a dinero en efectivo, dividido entre cuentas especiales en los bancos (CERA) y las constituidas en Agencias de Liquidación y Compensación (ALyC). De acuerdo al informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se registraron bienes por u$s2.690 millones y u$s30 millones en monedas digitales, un segmento que sigue ganando presencia en el sistema tributario.
La ARCA informó que 138.432 contribuyentes participaron del programa, abriendo un total de 330.793 cuentas. Entre los bienes declarados se destacaron 14.810 inmuebles, de los cuales la gran mayoría, 14.260, están en la Argentina, mientras que los 550 restantes están en el exterior.
Cuentas en el extranjero
Además de los inmuebles, se declararon 6.491 cuentas bancarias en el exterior, provenientes principalmente de Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza. Esto refleja la amplitud de la regularización y el interés de los argentinos en ordenar sus activos fuera del país.
El movimiento generado por esta primera etapa del blanqueo dejó un importante aporte fiscal: se recaudaron u$s266.763.456 en concepto del impuesto especial, lo que representa unos $32.999 millones a los valores actuales. Este impuesto, con una alícuota del 5%, se aplicó exclusivamente durante esta etapa.
Blanqueo de capitales: segunda etapa
La segunda etapa del blanqueo ya está en marcha y se extenderá hasta el 7 de febrero de 2025, con un plazo adicional para el pago del impuesto especial, que sube al 10%, hasta el 7 de marzo. Por su parte, la tercera etapa comenzará el 8 de febrero y finalizará el 7 de mayo de 2025, con un impuesto del 15% y fecha límite de pago hasta el 6 de junio de ese año.
Con estas cifras, el Gobierno busca consolidar un mecanismo que permita a más contribuyentes regularizar su situación fiscal y, al mismo tiempo, sumar recursos al Estado. Las etapas futuras serán clave para determinar el éxito total del programa sabiendo que hay por lo menos 200.000 millones de dólares fuera del sistema financiero y bancario.
