Un fuerte rechazo generó en el sector agropecuario la reciente aprobación de una nueva tasa municipal en Necochea, impulsada por el intendente Arturo Rojas, del partido vecinalista Nueva Necochea. Un grupo de 16 sociedades rurales y asociaciones de productores calificaron la medida como un intento de «tapar ineficiencias de gestión» y advirtieron que tendrá un impacto negativo en la producción y competitividad del puerto de Quequén.
La polémica «tasa solidaria», aprobada por el Concejo Deliberante local, grava el movimiento de camiones en el puerto con el supuesto objetivo de financiar el mantenimiento de la red vial urbana municipal. Sin embargo, productores y exportadores alertan que esta decisión podría representar un costo adicional de aproximadamente $16.000 millones anuales, encareciendo las operaciones y afectando directamente a los productores agrícolas.
En un comunicado conjunto, las entidades rurales expresaron su indignación: «Con esta tasa portuaria se pretende ocultar las ineficiencias de gestión municipal, exprimiendo una vez más al sector productivo. Es inadmisible que se utilice a los productores para financiar gastos sin hacer un ajuste en las propias cuentas del municipio».
Impacto directo en los productores
El puerto de Quequén es una vía clave para la exportación de aproximadamente 7 millones de toneladas de granos al año, además de la importación de fertilizantes. La nueva tasa impone un gravamen equivalente al valor de 1/2 litro de gasoil grado 3 por tonelada transportada. Con un precio estimado de $1.500 por litro de gasoil, esto implica un costo adicional de $750 por tonelada. Cada camión de 30 toneladas deberá abonar alrededor de $22.500, una carga que los productores consideran injusta y desproporcionada.
Jorge Arruabarrena, presidente de la Sociedad Rural de Lobería, cuestionó duramente la medida: «Esta tasa es inconstitucional y carece de sustento legal. El municipio de Necochea se está entrometiendo en competencias que no le corresponden, afectando a productores de toda la región para financiar sus propias falencias. Es una decisión arbitraria que perjudica al sector productivo y pone en riesgo la competitividad del puerto».
Una medida que ahuyenta inversiones y encarece costos
Los productores advierten que esta nueva carga impositiva no solo afectará sus márgenes de rentabilidad, ya golpeados por la presión fiscal existente, sino que también podría provocar un desvío de operaciones hacia otros puertos, en detrimento de la economía local. «El puerto de Quequén se volverá menos competitivo. Las empresas buscarán alternativas más económicas, y eso significará menos actividad y empleo para la región», señaló Alcides Fortunato, titular de la Sociedad Rural de Tandil.
Además, critican la falta de transparencia y la ausencia de una contraprestación clara por parte del municipio. «Están creando una tasa sin definir en qué se utilizarán realmente los fondos. No hay garantías de que el dinero recaudado se destine al mantenimiento vial o a mejoras en infraestructura. Parece más una maniobra para tapar agujeros financieros que una política seria y responsable», afirmaron las entidades en su comunicado.
Descontento generalizado y posibles acciones legales
El malestar no se limita al sector agropecuario. Otros actores políticos y sociales han manifestado su preocupación por el impacto de la medida. Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, calificó la tasa como «el colmo de los colmos: una carga municipal sin contraprestación clara que grava la importación y la exportación en el puerto de Quequén».
Ante este escenario, las sociedades rurales del sudeste bonaerense evaluarán en los próximos días la posibilidad de iniciar acciones legales para frenar la implementación de la tasa. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se atropellan nuestros derechos y se pone en riesgo el futuro del sector. Exigimos que el intendente Rojas reconsidere esta medida y abra un canal de diálogo serio con los productores».
Una gestión municipal cuestionada
La medida adoptada por el intendente Arturo Rojas se enmarca en un contexto donde muchos municipios optan por aumentar impuestos en lugar de ajustar sus gastos. Los productores señalan que, en lugar de buscar soluciones sostenibles y eficientes, las autoridades locales recurren a la fórmula fácil de cargar sobre el sector productivo para financiar sus propias ineficiencias.
«Es inaceptable que se nos utilice como la caja chica del municipio. Necesitamos políticas que fomenten la producción y el desarrollo, no que nos asfixien con más impuestos. Es hora de que los gobernantes hagan su parte y gestionen con responsabilidad», enfatizó Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.
