Graciela Ocaña, exministra de Salud de la Nación y presidenta de Confianza Pública, expresó este viernes en diálogo con CNN Radio su postura sobre las jubilaciones y pensiones de privilegio en Argentina. Además, enfatizó la necesidad de aprobar la ley de ‘Ficha Limpia’ para garantizar transparencia en el acceso a cargos públicos.
En el programa Al Fin y Al Cabo, conducido por Hernán Harris, Ocaña calificó a las jubilaciones de privilegio como un beneficio «otorgado en base al honor de haber ocupado las más altas magistraturas del país», pero cuestionó que estas se mantengan en casos de corrupción. “Una persona condenada por delitos graves ha violentado el mérito y el honor del lugar que ocupó”, aseguró.
La legisladora porteña hizo alusión directa a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sugirió que esta podría recurrir a la Justicia para evitar perder su jubilación especial. También apuntó contra Zulema Yoma, viuda del expresidente Carlos Menem, considerando que debería incorporarse al sistema general.
Propuesta económica en medio de la crisis
En un contexto económico crítico, Ocaña planteó una alternativa para las jubilaciones de privilegio: “El Congreso debería sancionar una ley para que estos beneficios se paguen en bonos a 30 años, y solo se entregue en efectivo hasta el monto máximo que recibe cualquier jubilado del sistema general”. La legisladora recordó que un jubilado promedio no percibe más de 350 mil pesos mensuales, contrastando con los montos otorgados en estos regímenes especiales.
Avances en la ley de ‘Ficha Limpia’
Además de las jubilaciones, Ocaña defendió la aprobación de la ley de ‘Ficha Limpia’, destinada a impedir que personas condenadas por delitos graves puedan ocupar cargos públicos. Según ella, esta normativa iguala las condiciones de los funcionarios electos con las de los ciudadanos que desean ingresar a la administración pública. “Estamos muy cerca de lograr esta ley que los ciudadanos reclaman”, concluyó.
El debate sobre privilegios y transparencia sigue generando tensiones en el escenario político, mientras la crisis económica intensifica los pedidos de una reforma profunda en las instituciones.
