Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han alertado sobre la creciente brecha entre los costos reales del sistema de transporte y los montos reconocidos por la Secretaría de Transporte, que supera el 30%, y solicitan una actualización de las tarifas (boleto) o más subsidios para garantizar la continuidad del servicio y el pago del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
El Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), revela que el costo mensual de mantenimiento del sistema asciende a $283.200,58 millones, mientras que los montos reconocidos por el Gobierno son de $221.575,83 millones. Esta diferencia de $61.624,74 millones impacta negativamente en la calidad del servicio, las frecuencias, la seguridad y la renovación de unidades.
Actualmente, el boleto mínimo está fijado en $371,13 desde agosto, pero el costo real sin subsidio se estima en $1.319,7 por pasajero, incluyendo IVA. De ese total, $863 son cubiertos por el subsidio estatal y el pasaje abonado por los usuarios, mientras que $331,31 quedan como pérdida absorbida por las empresas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
La voz de los empresarios de colectivos sobre el congelamiento de subsidios y costos de boleto
El presidente de AAETA, Luciano Fusaro, advirtió: «Bajo el principio de priorizar la paz social, y evitar un daño mayor tanto para usuarios, empresas y trabajadores, hemos arriesgado este acuerdo, con la confianza de que ni tarifa ni subsidios quedarán congelados en simultáneo hasta enero, ya que de otra forma será imposible pagar los salarios acordados o comprar los insumos necesarios para sostener el servicio».
En octubre, el sistema de transporte del AMBA registró más de 10 millones de transacciones diarias y movilizó a 243 millones de pasajeros en promedio mensual. Sin embargo, las empresas enfrentan crecientes dificultades financieras debido al incremento en los costos operativos, mientras se mantiene el valor del boleto congelado.
Las cámaras empresariales del sector han solicitado al Gobierno medidas concretas para garantizar la estabilidad del servicio y evitar impactos mayores en los usuarios y los trabajadores. Destacan que el acuerdo paritario firmado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que eleva los salarios básicos hasta $1.200.000 en enero, fue alcanzado «confiando en que ni la tarifa ni los subsidios quedarán congelados en simultáneo hasta el próximo año».
Mientras se espera una respuesta por parte de las autoridades, las empresas enfatizan la necesidad de actuar con celeridad para garantizar el cumplimiento de los contratos de explotación en el AMBA, una región que depende profundamente del transporte público para su actividad diaria.
