Con las sesiones del Congreso próximas a expirar, el Gobierno nacional ha decidido ignorar el pedido de los gobernadores provinciales para establecer una mesa de negociación en torno al Presupuesto 2025. Esta postura ha intensificado las tensiones políticas y expuesto fracturas internas, dejando al presidente Javier Milei en un escenario complejo de cara a las elecciones legislativas del próximo año.
La relación entre Milei y Mauricio Macri se ha visto marcada por la desconfianza mutua, mientras que surgen conflictos incipientes con los gobernadores que buscan el diálogo para alcanzar acuerdos sobre el Presupuesto. Además, el conflicto con la vicepresidente Victoria Villarruel y el polémico debut del grupo denominado «brazo armado» de La Libertad Avanza han contribuido a un ambiente político turbulento.
Apoyándose en la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y en encuestas que indican un respaldo de la opinión pública, el Presidente avanza en su agenda sin considerar las demandas de los mandatarios provinciales, a quienes percibe como más cercanos a la vicepresidenta que al Ejecutivo nacional.
Suspensión de las negociaciones
Milei ordenó detener el avance de las negociaciones solicitadas por los gobernadores después de que el Gobierno decidiera suspender el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025 en la comisión de la Cámara de Diputados. Esta decisión ha generado malestar entre los gobernadores, quienes se sienten ignorados y preocupados por las implicaciones financieras en sus provincias.
Los gobernadores, calificados como «dialoguistas», se mantienen firmes en sus cinco puntos de reclamo, que incluyen la asignación de fondos por coparticipación, el pago de deudas a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas y la coparticipación del impuesto al combustible, entre otros aspectos. La negativa del Gobierno a incluir estas demandas en el Presupuesto ha llevado a que partidos aliados como el PRO y la UCR no brinden su apoyo en el Congreso.
Un primer mandatario cercano al sector dialoguista expresó: «Los gobernadores no cederán en sus reclamos, ya que el Gobierno nacional debe cumplir con leyes y acuerdos vigentes, tal como lo hizo con los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires».
Desde la Casa Rosada, sin embargo, se mantienen inflexible en su compromiso con el déficit cero. Un funcionario del Ejecutivo afirmó: «Preferimos no tener Presupuesto antes que aceptar uno que comprometa el equilibrio fiscal. Las demandas de los gobernadores implican un costo fiscal cercano a los 4.000 millones de dólares, y el déficit cero no es negociable».
Implicaciones políticas y económicas
La negativa del Gobierno a negociar con las provincias agrava la situación financiera de los territorios. Especialmente en un contexto de caída en la recaudación debido a la disminución de la actividad económica. Además, esta tensión se produce en vísperas de un año electoral, lo que añade presión sobre los gobernadores que buscan recursos para sus provincias. En este contexto, las provincias continúan con su postura de no recortar el gasto público, aunque buscan que el costo político lo pague Nación.
Algunos analistas consideran que el Gobierno utiliza el control de los fondos como una estrategia política para debilitar a las provincias en el próximo ciclo electoral. De no aprobarse el Presupuesto 2025, el Ejecutivo tendría la facultad de prorrogar el Presupuesto 2023 y manejar los fondos de manera discrecional por segundo año consecutivo.
Críticas y acusaciones cruzadas
En el entorno presidencial se argumenta que los gobernadores han respaldado al Gobierno en diversas iniciativas legislativas, pero ahora exigen concesiones que comprometen las finanzas públicas. Mientras tanto, figuras como Macri sostienen que han brindado apoyo al Presidente, facilitando la estabilidad macroeconómica lograda en su primer año de gestión, incluyendo la reducción del riesgo país, el equilibrio fiscal y la baja del tipo de cambio.
La negociación por el Presupuesto se complicó desde el inicio, cuando Milei presentó el proyecto en Diputados y solicitó a los gobernadores un ajuste de 60.000 millones de dólares. Posteriormente, los mandatarios provinciales demandaron correcciones en el anexo de obra pública, señalando errores y omisiones en las asignaciones previstas.
Un gobernador aliado al Gobierno señaló: «Encontramos obras asignadas a provincias incorrectas y falta de fondos para proyectos ya acordados. Es fundamental que se revisen estos detalles para avanzar».
