El Gobierno de Javier Milei eliminó la facultad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de otorgar y gestionar créditos a trabajadores y jubilados. Según la medida, esta función debería ser asumida exclusivamente por el sector privado, argumentando que contribuye a mejorar la eficiencia del Estado.
El decreto 1039/2024 publicado en el Boletín Oficial busca «garantizar la preservación de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)» del Sistema Integrado Previsional Argentino. Además, sostiene que el FGS no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para asegurar la sustentabilidad del sistema, y que sus activos deben ser utilizados en inversiones que preserven su valor.
Argumentos económicos y revisión de créditos previos a jubilados y trabajadores
La decisión incluye una revisión de los llamados «Créditos ANSES» lanzados en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández. Según las autoridades actuales, esas líneas de crédito se ofrecieron con una Tasa Nominal Anual del 50%, mientras que la inflación de ese año fue del 211,4%. El decreto asegura que «ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios, en detrimento de los activos del FGS».
Asimismo, el documento señala que el otorgamiento de financiamiento puede ser llevado adelante «de manera eficiente y competitiva por el sector privado», justificando la supresión de esta facultad de la ANSES como parte de una gestión pública más eficiente.
La normativa se enmarca en las atribuciones otorgadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que permite modificar competencias de organismos creados por ley o normas de rango equivalente. Según el decreto, la medida apunta a optimizar las competencias de la ANSES en aras del bien común.
Desde sectores críticos, la medida fue cuestionada por restringir un beneficio que, hasta ahora, era una herramienta de financiamiento para trabajadores y jubilados en un contexto de alta inflación y crisis económica. Sin embargo, el Gobierno defiende la decisión como un paso hacia «una gestión más ordenada de los recursos públicos».
