El gobierno de Javier Milei avanza con su política de reducción del gasto público y ordenó la disolución de cinco fideicomisos del Estado nacional relacionados con asistencia a víctimas de trata, refinanciación hipotecaria, inversión estratégica, competitividad del sector azucarero y promoción de capital emprendedor. La medida, establecida mediante el decreto 1048, se justificó por supuestas irregularidades detectadas en auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Los fideicomisos eliminados y sus objetivos
Entre los fideicomisos disueltos se encuentra el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado para brindar apoyo a las personas afectadas por este delito. Según el informe de la SIGEN, este fondo presentaba «falencias en los procedimientos operativos y falta de un sistema informático adecuado para su gestión».
Otro fondo eliminado fue el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (Proicsa), que otorgaba créditos para mejorar la competitividad de la industria azucarera en el norte argentino. Según el decreto, este fideicomiso no había tenido actividad desde 2020.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), que financiaba proyectos de emprendedores mediante préstamos y aportes no reembolsables, también fue cerrado. Las auditorías señalaron “debilidades en la gestión de inversiones, falta de rendición de cuentas y ausencia de manuales operativos”.
Ajuste y justificaciones
El decreto también ordenó el cierre del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria y del Programa de Inversiones Estratégicas, este último destinado a fomentar la generación de empleo mediante inversiones en sectores estratégicos. Según el Gobierno, ambos fondos presentaban graves problemas de gestión y funcionamiento.
Desde el inicio de su gestión, el dirigente político de 54 años que lidera La Libertad Avanza, ha disuelto más de una decena de fondos fiduciarios. Entre ellos, se cuentan el Fondo Progresar, destinado a financiar becas estudiantiles, y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Estas decisiones forman parte de un ajuste más amplio orientado a reducir el tamaño del Estado.
Mientras el Gobierno avanza con su política de recortes, crecen las críticas de organizaciones sociales y productivas, que alertan sobre el impacto de estas medidas en sectores vulnerables y estratégicos. La eliminación de fideicomisos como el de asistencia a víctimas de trata o el apoyo a emprendimientos pone en debate el equilibrio entre austeridad fiscal y atención a las necesidades sociales.
