En un giro significativo, la administración del presidente Javier Milei confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso y que incluirá en el temario el proyecto de ley del Presupuesto 2025. Esta decisión representa un cambio en la postura del Gobierno nacional, que hasta hace pocos días sugería que solo se tratarían la derogación de las PASO y la modificación de la ley orgánica de partidos políticos.
La confirmación llegó en medio de presiones por parte de los gobernadores y tensiones en el Congreso. Funcionarios de la Casa Rosada señalaron que la posibilidad de incluir el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias está siendo evaluada seriamente. «Queremos un presupuesto siempre que se respete el déficit cero», indicó Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior.
El Ejecutivo busca así tender puentes con los gobernadores, quienes habían solicitado una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Catalán abrió la puerta a este encuentro, manifestando la disposición del Gobierno a dialogar y alcanzar consensos.
Presiones y negociaciones en el Congreso
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la oposición intentó sin éxito rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846, que permite al ministro Caputo renegociar la deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso. Esta iniciativa buscaba también forzar al Gobierno a sentarse a negociar el Presupuesto 2025, dada la necesidad vital de reestructurar la deuda para sostener el programa económico.
El oficialismo logró bloquear la sesión en la que sectores de la oposición pretendían derogar el DNU. La ausencia de diputados de bloques opositores, presionados por sus respectivos gobernadores, fue clave para que no se alcanzara el quórum necesario. Entre los ausentes se contaron legisladores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal, quienes respondieron a directivas de los mandatarios provinciales.
La oposición acusa al Gobierno de preferir prorrogar el Presupuesto 2023 vigente para reasignar partidas sin control parlamentario. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que contar con una ley de presupuesto significaría un «salto institucional» y reiteran su disposición a negociar, siempre y cuando se respeten las metas fiscales propuestas.
Reacciones y posturas políticas
En el bloque del PRO, algunos diputados manifestaron frustración por la inflexibilidad de ciertos gobernadores. «No se dan cuenta de que es mejor que haya un presupuesto que el Gobierno tenga que cumplir, a seguir como hasta ahora», expresó un legislador.
Por su parte, desde la mesa chica del Presidente, la semana pasada se quejaban de las demandas de los mandatarios provinciales: «Nos están pidiendo 3.700 millones de dólares que no tenemos». Sin embargo, la decisión de convocar a sesiones extraordinarias y considerar incluir el presupuesto en el temario sugiere una apertura al diálogo y una búsqueda de consenso.
El papel de los gobernadores
Los gobernadores juegan un rol central en esta trama. Presionan por mayores fondos, la coparticipación de recursos tributarios y el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas a la ANSES, entre otras demandas. Su influencia se ha hecho sentir en el Congreso, donde lograron que diputados de sus provincias se ausentaran de la sesión para rechazar el DNU de la deuda.
La expectativa ahora se centra en la posibilidad de una reunión entre los gobernadores y los principales funcionarios del Gobierno nacional. Este encuentro podría ser clave para destrabar las negociaciones y avanzar en la aprobación del Presupuesto 2025.
