La cantidad de juicios de jubilados con sentencia firme y pendientes de pago acumula 98.404 casos sin resolver, un salto de 8.557 respecto a los 89.847 registrados al 31 de marzo de este año. Estos juicios contra la ANSES corresponden a jubilados que reclaman el reajuste de sus haberes y el pago retroactivo de lo adeudado.
Aunque en 2024 se resolvieron 24.564 expedientes, el stock total de casos creció debido al ingreso de nuevos juicios y a problemas en la liquidación de los pagos. Los números actuales fueron aportados por Guillermo Francos, jefe de Gabinete nacional. Los abogados de los jubilados denuncian que, en muchos casos, las sentencias no se cumplen correctamente, lo que los obliga a iniciar nuevos reclamos legales.
La ANSES decidió priorizar el reajuste de los haberes mensuales, pero dejó pendiente el pago de los retroactivos. Este ajuste parcial alivia a los jubilados al mejorar su ingreso mensual, pero la falta de claridad sobre cuándo recibirán el pago completo genera incertidumbre. La ley establece que las sentencias deben abonarse en un plazo de 120 días, pero este tiempo no se está cumpliendo.
La estrategia de los abogados ante la falta de pagos de ANSES
Frente a esta situación, muchos abogados optaron por embargar las cuentas de la ANSES para garantizar el cobro de las sentencias. Esta medida se ha vuelto una herramienta efectiva para que los jubilados puedan acceder al dinero que les corresponde sin depender de los tiempos indefinidos de la administración pública.
El problema también afecta a las finanzas del Tesoro Nacional, que debe afrontar el costo de estas sentencias. Para reducir el impacto fiscal, el Gobierno ha priorizado el reajuste de los haberes, que implica un menor gasto, mientras retrasa el pago de los retroactivos. Esta estrategia, sin embargo, afecta directamente a los jubilados, quienes siguen esperando el dinero que necesitan.
En 2023, el Presupuesto Nacional permitió a la ANSES pagar unas 40.000 sentencias, pero el stock de casos pendientes no se reduce porque ingresan constantemente nuevos juicios. Además, los errores en la liquidación de los pagos llevan a que muchos jubilados deban iniciar nuevamente un litigio, prolongando aún más la espera.
Esta situación genera una fuerte preocupación entre los jubilados, quienes dependen de estos pagos para mejorar su poder adquisitivo. La falta de una solución integral y el incumplimiento de los plazos legales profundizan la incertidumbre de uno de los sectores más vulnerables de la población.
