El 70% de las empresas, mayormente pymes, aseguran que incremento de la litigiosidad laboral en la Argentina afecta las decisiones de inversión, mientras que el 74% considera que desalienta la contratación de nuevos trabajadores. En los primeros diez meses del año, los juicios por riesgos laborales aumentaron un 7,6% respecto a 2023, año que ya había registrado un alza del 25%.
Según un informe de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL) para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2024, se presentarán unas 128.000 nuevas demandas por riesgos laborales, un 9% más que en 2023. Esta tendencia impacta especialmente a pequeñas y medianas empresas con menos de 50 empleados, que representan la mayor parte del empleo formal en el país, y a las compañías del interior, según el estudio basado en 5.048 encuestas realizadas entre octubre y noviembre.
La falta de cobertura ante accidentes laborales: más de 10 millones de trabajadores en la Argentina están en la informalidad
El informe también refleja la magnitud del problema laboral en Argentina. De los 23 millones de personas económicamente activas, solo 10,2 millones cuentan con empleo formal en relación de dependencia, y 3 millones son trabajadores independientes registrados. En contraste, más de 10 millones trabajan en la informalidad, sin cobertura de riesgos, obra social ni aportes previsionales, lo que genera un impacto presente y futuro para el sistema laboral.
La UART y SEL destacaron que el problema de la litigiosidad afecta no solo a las empresas, sino también a la posibilidad de generar empleo genuino en un país con un alto índice de trabajo informal.
Además, los datos revelan que las pequeñas empresas y aquellas ubicadas en el interior del país son las más vulnerables a este contexto. La litigiosidad laboral no solo complica sus finanzas, sino que también limita su capacidad de crecimiento y su contribución al desarrollo regional.
Frente a este escenario, el sector empresarial reclama medidas urgentes para reducir la judicialización del trabajo y generar condiciones favorables para la inversión y el empleo formal. La búsqueda de soluciones, aseguran, es clave para liberar el potencial productivo del país y enfrentar los desafíos económicos y sociales actuales.
