A partir de la próxima semana, más de 40.000 empleados de la Administración Pública Nacional deberán rendir un examen de idoneidad como requisito para renovar sus contratos. La medida, impulsada por el Gobierno nacional incluirá a a todo trabajador del Estado nacional en planta transitoria, contratado o monotributista cuyo contrato venza a fin de año.
El examen, que podrá rendirse hasta tres veces, será obligatorio y también estará abierto a quienes aspiren a ingresar al sector público, aunque aprobarlo no garantiza un puesto laboral. Los empleados que obtengan el certificado de idoneidad podrán presentarlo en futuros concursos o procesos de selección para vacantes.
Esta iniciativa forma parte del Sistema de Evaluación Pública (SEP), creado por el ministerio, que regula la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Desde el Gobierno aseguraron que no se trata de un filtro para despidos, sino de una herramienta «pensada a futuro» para garantizar la calidad del empleo público.
El sistema de examen a empleados del Estado nacional
El examen será implementado por etapas, comenzando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y extendiéndose al resto del país hasta enero. Los aspirantes deberán sacar turno en la página web del SEP y se presentarán en sedes habilitadas, donde responderán entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple en una hora.
Habrá dos modalidades: una para empleados administrativos, que evaluará comprensión lectora y razonamiento matemático, y otra para profesionales, que incluirá conocimientos específicos como la Constitución Nacional, la Ley de Ética Pública y el Código Electoral. La calificación será entregada al instante al finalizar la prueba.
La oposición de los sindicatos a la evaluación del Gobierno nacional
La medida ha generado críticas entre los gremios. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), calificó la evaluación como un «invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal» a los empleados públicos.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el «efecto motosierra» ha recortado más de 30.000 puestos en el sector público, según datos del INDEC. La implementación de los exámenes se suma a este contexto, mientras el Gobierno insiste en que su objetivo es profesionalizar la administración pública y evitar que ingresen personas sin las competencias necesarias.
