El Gobierno de Javier Milei está próximo a promulgar una nueva reglamentación de la Ley de Defensa, con el objetivo de incrementar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior del país. Esta iniciativa busca establecer una colaboración más estrecha entre militares y fuerzas policiales en las fronteras, proteger infraestructuras estratégicas y redefinir las responsabilidades del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas.
La elaboración de esta normativa comenzó tras la asunción de Milei al frente del Ejecutivo y la designación de Luis Petri como ministro de Defensa. Según fuentes militares, el decreto está en las últimas etapas de preparación y pronto será publicado en el Boletín Oficial. Este cambio representa una modificación sustancial al decreto 727 de 2006, instaurado por Néstor Kirchner, que restringía el rol de las Fuerzas Armadas exclusivamente a la defensa nacional frente a agresiones extranjeras, excluyendo su participación en acciones contra el terrorismo o el narcotráfico.
En años recientes, el rol de los militares en asuntos de seguridad interna ha sido objeto de debate. Durante el mandato de Mauricio Macri, el decreto 727 fue derogado parcialmente, permitiendo una mayor intervención de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 2020, bajo la administración de Alberto Fernández, se restablecieron las restricciones originales de 2006. Ahora, con Milei al mando, se busca revertir nuevamente esta normativa para fortalecer la presencia militar en áreas críticas del país.
Restablecimiento de las antiguas tareas
En una conferencia celebrada en octubre durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas en Mendoza, el ministro Petri anticipó que, con la modificación del decreto 727, las Fuerzas Armadas podrán desplegarse en zonas fronterizas en colaboración con las fuerzas de seguridad y en coordinación con países vecinos como Paraguay, Bolivia y Brasil. Petri espera que esta nueva regulación facilite el despliegue de tropas del Ejército para tareas de control y vigilancia en áreas sin puestos fronterizos gestionados por la Gendarmería Nacional.
Paralelamente, esta reglamentación avanza con otro proyecto del Gobierno que busca modificar la Ley 24.059 de Seguridad Interior. De esta forma, permitiendo la actuación de las Fuerzas Armadas ante incidentes de terrorismo. Este proyecto ha sido objeto de debate en la Comisión de Defensa de Diputados, donde Petri ha defendido la necesidad de flexibilizar el uso militar para combatir el narcotráfico y el terrorismo. No obstante, el proyecto aún no ha superado las exposiciones informativas, enfrentándose a la oposición de altos mandos militares. Un ejemplo es el teniente general Martín Paleo, quien ha advertido sobre los riesgos de «liberar al Rottweiler» en la lucha contra el terrorismo.
Escándalos internos en las FA
La inminente promulgación del nuevo decreto coincide con el reciente reemplazo del general Fabián Jorge Berredo como Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto. Situación ocurrida tras una denuncia penal presentada por Berredo contra el subjefe del Ejército, Carlos Carugno. Berredo alegó haber sido amenazado con despedir a su esposa del Hospital Militar si no renunciaba a su cargo. Y señaló al jefe del Ejército, Carlos Presti, y a la vicepresidente Victoria Villarruel como responsables de su desplazamiento.
El general de brigada Cristian Pablo Pafundi ha sido designado para sustituir a Berredo en el cargo de Comandante Operacional. Pafundi cuenta con experiencia como director general de Material del Ejército y agregado militar en los Estados Unidos. Y se espera que juegue un papel clave en la implementación de la nueva reglamentación de la Ley de Defensa.
El Comandante Operacional es una figura central dentro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se encuentra encargado del planeamiento estratégico y de la gestión de compras del Fondo para la Defensa (Fondef). Además, de la coordinación de operaciones de gran envergadura, incluyendo misiones de paz y respuestas a crisis nacionales como la pandemia de Covid-19.
