El representante de Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, denunció hoy al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro por «el asedio» a la embajada en Caracas, Venezuela, en la que se encuentran asilados desde marzo seis dirigentes opositores. Las autoridades les cortaron el suministro eléctrico y ahora comenzaron con un bloqueo telefónico que no les permite comunicarse con el exterior.
Como si esto fuese poco, drones sobrevuelan el lugar y bloquean los pedidos que realizan Edmundo González Urrutia, presidente electo venezolano, y la líder opositora Marina Corina Machado, junto a otros cuatro dirigentes opositores a Maduro. La embajada se encuentra bajo la custodia de Brasil, porque a los diplomáticos argentinos los expulsaron.
«Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura», sostuvo Oyarzábal, quien es además el embajador argentino en Países Bajos. El diplomático advirtió sobre el «asedio» a la embajada por parte «de fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyas vidas e integridad se encuentran en peligro«.
Estas seis personas son colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, y el Gobierno de Maduro sospecha que se encargan de planificar acciones «terroristas». Oyarzábal solicitó a la CPI, que actúe con determinación para juzgar los «crímenes de lesa humanidad» que le atribuye al Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro.
«La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más», aseveró el funcionario argentino sobre cómo está en clima en la embajada.
«Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado», cuestionó. Al respecto, aseguró que las detenciones arbitrarias y los «tratos inhumanos» requieren investigaciones «rigurosas». «La impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional», concluyó.
