La denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner marcó un antes y un después en la historia judicial y política del país. Presentada en enero de 2015, cuatro días antes de su muerte, Nisman acusó al gobierno de haber firmado el Memorándum con Irán en 2013 con el propósito de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994.
Según Nisman, el acuerdo buscaba suspender las alertas rojas de Interpol contra los ciudadanos iraníes acusados de ser los ideólogos del ataque. Entre las medidas incluidas, se encontraba la creación de una «Comisión de la Verdad» y la posibilidad de interrogar a los acusados fuera de Argentina. Para el fiscal, estas disposiciones encubrían un plan deliberado para garantizar impunidad.
La denuncia también involucraba a otros funcionarios y dirigentes, como el entonces canciller Héctor Timerman y el líder piquetero Luis D’Elía, a quienes acusó de formar parte de una «diplomacia paralela». Nisman aseguró que detrás del Memorándum subyacían intereses económicos y geopolíticos, entre ellos un acuerdo comercial basado en «petróleo por granos» entre ambos países.
Cuatro días después de radicar la denuncia, el 18 de enero de 2015, el fiscal fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de suicidio voluntario o inducido, la justicia federal determinó que se trató de un homicidio relacionado con su rol como fiscal y la acusación contra el gobierno. Este hecho generó una profunda conmoción social y dividió aún más a la sociedad argentina.
La Corte Suprema de Justicia reactivó la causa del Memorándum con Irán y Cristina Kirchner volvió al banco de acusados
En 2021, el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a Cristina Kirchner y los demás imputados al considerar que el Memorándum era un acto político no judicializable. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal anuló ese fallo en 2023 y ordenó la realización del juicio oral. Ahora, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa de la expresidenta, reactivando así el proceso.
El máximo tribunal confirmó la validez de los argumentos de Casación y rechazó los cuestionamientos contra los jueces que llevarán adelante el juicio. Los magistrados Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos ya fueron ratificados para llevar adelante el debate, que se perfila como uno de los juicios más relevantes del próximo año.
Con este fallo, la justicia reactiva una causa que ha generado tensiones durante casi una década. El juicio oral por el Memorándum con Irán promete reavivar el debate público sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados y la búsqueda de justicia en el caso AMIA.
