La Cámara Federal ordenó reabrir una causa por inconsistencias en la declaración jurada patrimonial de Cristina Kirchner, luego de la muerte de su esposo, Néstor Kirchner. Este caso no estaba en la órbita de nadie porque se trata de un desprendimiento vinculado a la Causa Hotesur. Tanto el fiscal como el juez Julián Ercolini consideraron que hubo detalles menores que no constituían un delito de parte de la exmandataria, aunque la Unidad de Información Financiera sí lo hizo.
La exmandataria fue investigada en tres ocasiones por enriquecimiento ilícito y todas estas causas se cerraron por falta de pruebas. Sin embargo, ahora consideraron que era necesario profundizar la investigación y dispusieron hacer un peritaje contable, porque consideran que se trata de «un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada».
“Observo que ante un recorte parcial de los eventos se determinó desacertadamente en la resolución bajo análisis que no había evidencia suficiente que permitiera avanzar con el trámite de la pesquisa. Más aún, todo lo contrario, a todas luces aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 (indagatoria) del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo», sostuvo el fallo al que accedió NA.
En esta misma línea, el juez Mariano Llorens remarcó que «la hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas».
La causa archivada
El pasado 5 de junio, el juez Ercolini archivó la denuncia contra Cristina Kirchner. El magistrado sostuvo que no había delito sino que se traba de la forma en la que la expresidenta «había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge».
A esto la Unidad de Información Financiera apeló que no fue un simple error y que la dirigente «tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica, lo que se veía convalidado con el incremento de su patrimonio».
