En un contexto de tensiones crecientes por el recorte de medicamentos gratuitos a jubilados, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, no acudieron a la citación de la Comisión de Salud y Acción Pública de la Cámara de Diputados. El objetivo de la convocatoria era explicar los motivos detrás de la medida que restringe el beneficio a jubilados con ingresos de hasta 389 mil pesos y sin cobertura de prepagas.
Críticas por la ausencia
El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, condenó la inasistencia, calificándola como un “faltazo” que refleja una falta de compromiso con el Congreso y con los jubilados afectados. “Es obligación de los funcionarios concurrir para argumentar sobre esta medida que perjudica a los más vulnerables”, expresó.
Yedlin también denunció un patrón en las ausencias de funcionarios del Poder Ejecutivo, recordando que esta no es la primera vez que Lugones, ni otros miembros del gabinete, evitan presentarse ante la comisión.
Impacto del recorte
Según Yedlin, la mitad de los jubilados dejaron de recibir cobertura total de medicamentos debido a la nueva normativa, mientras que otros no pudieron completar los trámites necesarios a tiempo. “Muchos jubilados, al no poder afrontar el copago, simplemente dejaron de llevarse los medicamentos que necesitaban. Esto tiene consecuencias graves en su salud y calidad de vida”, advirtió.
Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, fue aún más contundente en sus críticas, calificando a Lugones y Leguizamo como “crueles, inhumanos y cobardes” en un mensaje publicado en la red social X.
Posturas de los defensores del pueblo
En ausencia de los principales responsables, asistieron Eduardo Semino, secretario de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, y Juan José Bockel, subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Semino expresó su preocupación por el impacto del recorte en un contexto de ingresos jubilatorios insuficientes: “Hay 5 millones de jubilados que ganan 329 mil pesos. El haber es miserable, y por eso la necesidad de un medicamento al 100%”. Además, advirtió sobre el poder estructural del PAMI en el mercado de medicamentos, que condiciona a otros actores del sistema.
Por su parte, Bockel señaló que la Defensoría actúa de oficio y envió un cuestionario al PAMI para evaluar si la exclusión del beneficio consideró adecuadamente la capacidad económica de los jubilados y si existen mecanismos efectivos para solicitar revisiones en casos de exclusión injusta.
Un problema sin respuesta
La ausencia de explicaciones por parte de Lugones y Leguizamo dejó sin respuestas concretas a una problemática que afecta a millones de jubilados. Mientras tanto, las críticas hacia el Ejecutivo se intensifican, evidenciando una falta de diálogo con el Congreso y con los sectores más afectados por esta medida.
