La Asociación de Abogados en Derecho Indígena (AADI) expresó su rechazo a la derogación de la ley de “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, decisión oficializada ayer por el Gobierno Nacional.
En un comunicado difundido por la organización, informó NA, los abogados enfatizaron la vulnerabilidad a la que se enfrentan las comunidades indígenas tras esta medida, afectando tanto sus derechos territoriales como su supervivencia cultural. “Esta decisión, dada a conocer, paradójicamente, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, expone a las comunidades indígenas a una situación de vulnerabilidad”, remarcaron.
Una ley clave para la protección territorial
La Ley 26.160, ahora derogada, suspendía desalojos y ordenaba un relevamiento técnico-jurídico catastral de las tierras ocupadas por las comunidades originarias. Según el comunicado, esta norma se había implementado como respuesta a una situación crítica en la que las comunidades enfrentaban dificultades para que se efectivizaran sus derechos territoriales.
“La norma no otorgaba escrituras, pero era una herramienta esencial para proteger sus derechos”, explicó la AADI. Además, subrayaron que el relevamiento territorial permanece inconcluso, especialmente en regiones donde los proyectos extractivos tienen un impacto significativo. “De ninguna manera podría darse por resuelta la situación de emergencia comunitaria”, agregaron.
Urgencia de cumplimiento estatal
El documento recordó la obligación del Estado de delimitar, demarcar y titular las tierras indígenas, en cumplimiento del marco jurídico con jerarquía supralegal que prohíbe desalojos y traslados forzosos. En este sentido, instaron a que los operadores del sistema judicial consideren estas normativas y las responsabilidades estatales para garantizar la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios.
La derogación de la ley fue anunciada en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, que ven en esta medida un retroceso significativo en sus conquistas legales.
“Es fundamental que se reconozca la emergencia territorial como un problema no resuelto, y que las comunidades puedan acceder a mecanismos que protejan su identidad y sustento cultural”, concluyó la AADI.
Este nuevo escenario abre un debate sobre el futuro de los derechos territoriales de los pueblos originarios y la responsabilidad estatal en garantizar su cumplimiento.
