La investigación por posibles actos de corrupción en comedores comunitarios durante la gestión de Alberto Fernández avanza con datos alarmantes. La Justicia confirmó que al menos $5.331 millones fueron destinados a organizaciones que declararon administrar merenderos inexistentes. El caso, a cargo del fiscal Ramiro González, revela graves anomalías en los convenios firmados por el Ministerio de Desarrollo Social en 2023.
Entre las organizaciones implicadas figuran El Amanecer de los Cartoneros, la Federación de Cooperativas de Reciclado, Fundación Conurbano y otras, que habrían recibido millonarios fondos públicos para sostener comedores que no operaban. Según la investigación, estas asociaciones declararon administrar cientos de merenderos, pero muchas de las direcciones verificadas no correspondían a establecimientos en funcionamiento.
Un ejemplo emblemático es El Amanecer de los Cartoneros, vinculado al dirigente Juan Grabois. Esta organización firmó un convenio por $172,8 millones para gestionar 167 comedores en 19 provincias. Sin embargo, de los 52 comedores inspeccionados, 18 no funcionaban. «Lo que hicieron con el dinero destinado a lugares inexistentes aún es un misterio», señaló una fuente judicial.
Comedores hacían facturas truchas
Además, se detectaron irregularidades en las rendiciones de gastos. La Oficina Anticorrupción, querellante en el caso, reveló que organizaciones como la Asociación Civil 18 de Mayo compraban alimentos a cientos de kilómetros de los comedores supuestamente beneficiados. Por ejemplo, alimentos adquiridos en Chubut fueron reportados como destinados a comedores en provincias del norte, lo que plantea serias dudas sobre la autenticidad de las transacciones.
Entre las cifras investigadas, destacan transferencias multimillonarias: la Federación de Cooperativas de Reciclado recibió $1.280 millones; El Amanecer de los Cartoneros, $1.124 millones; y el Centro de Estudios para la Autogestión, $168 millones. Sin embargo, una auditoría del Ministerio de Capital Humano demostró que un 32% de los comedores registrados no funcionaban, un 25% tenía datos incorrectos y un 16% jamás había operado como tal.
La Justicia también se centra en la compra de alimentos secos. En uno de los casos, la Asociación Civil 18 de Mayo adquirió productos a Global PVC SRL, una empresa de Puerto Madryn, aunque los comedores beneficiarios estaban en el norte del país. Estas compras, según los investigadores, podrían ser una simulación para justificar facturas de alimentos inexistentes.
La causa, que investiga delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, continúa avanzando. Mientras tanto, la Justicia y la Oficina Anticorrupción trabajan en desentrañar el destino final de los fondos públicos desviados y en determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
