Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI, lanzó duras acusaciones contra Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei, y Andrés Vázquez, flamante titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Según Carrió, estas designaciones podrían habilitar una «nueva matriz de corrupción» en el Gobierno nacional.
Carrió vinculó a Vázquez con figuras del kirchnerismo como Fernando «Melena» Pocino, exdirector de inteligencia de la AFI, y César Milani, exjefe del Ejército. Además, lo calificó como «mafia pura». En declaraciones a Urbana Play, afirmó: «Todas las designaciones de Caputo están habilitando a sectores del poder más mafioso de la Argentina, poniendo en riesgo a la Aduana y a la vieja AFIP».
El titular de la DGI quedó bajo la lupa tras conocerse que adquirió tres departamentos en Miami valuados en más de dos millones de dólares, utilizando sociedades offshore que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción. Carrió sostuvo que estos movimientos financieros refuerzan su preocupación sobre el rol de Vázquez en el organismo.
Carrió apuntó a un entramado entre el kirchnerismo y sectores de La Libertad Avanza
Con una trayectoria en la AFIP desde 1990, Vázquez fue jefe de la Dirección de Inteligencia Fiscal y de la Regional Sur Metropolitana de la DGI, pero su historial está marcado por investigaciones internas que lo acusaron de corrupción y de persecuciones políticas. «Siempre tuvo vínculos con los servicios de inteligencia, lo que le permitió mantenerse en el cargo pese a las denuncias», aseguró Carrió.
La líder opositora también vinculó a Vázquez con el kirchnerismo, señalando que participó en operaciones de hostigamiento a políticos y periodistas. «Esta designación muestra una peligrosa conexión entre Caputo y sectores mafiosos, algo que no podemos permitir», enfatizó.
En respuesta a estos hechos, Carrió adelantó que impulsará una denuncia ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de combatir el lavado de dinero. Según explicó, esto es parte de un esfuerzo por investigar el vaciamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), que considera clave en este entramado.
La denuncia y las acusaciones de Carrió marcan un nuevo capítulo en las tensiones entre la oposición y el oficialismo, poniendo bajo escrutinio la transparencia del actual Gobierno y sus principales funcionarios. «Esto no es casta, es mafia pura», sentenció, dejando abierta la puerta a futuras acciones legales.
