Luis Caputo, el ministro de economía, quedó pegado en una investigación que se presentó anoche en LN+. Sin embargo, el clan Caputo que participa activamente en el gobierno de Javier Milei: Luis y Santiago Caputo, asesor politico del presidente fueron vistos como los principales salpicados de una interna estatal.
La información que reveló el cronista Francisco Olivera, entonces, tiene que ver con la existencia de una doble conducción en materia tributaria. A esto, se le suman hechos de corrupción, sociedades y bienes no declarados de diferentes personas vinculadas con los protagonistas de los últimos escándalos de la semana. Por un lado, la DGI. Por el otro, ARCA. Cada uno de los organismos cuenta con titulares con el soporte de Luis o de Santiago Caputo.
Uno de los escenarios de esta disputa es el ente nacional cuya eliminación reciente consistió en un cambio de nombre, la AFIP. La Administración Federal de Ingresos Públicos fue disuelta a principios de noviembre. En su lugar, se dispuso la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
En ese entonces, la titular de ARCA designada fue Florencia Misrahi, quien terminó presentando su renuncia luego de un confuso episodio. El pasado lunes 9 de diciembre presentó una resolución que determinaba el nomenclador de 15 actividades digitales. Desde La Libertad Avanza la habían acusado de perseguir con impuestos a streamers, youtubers e instagramers.
Esta situación dio lugar a un cambio de nombres en la agencia, cuyo director ejecutivo es actualmente Juan Alberto Pazo. Su anterior puesto era de secretario de Coordinación del Palacio de Hacienda. A este nombre, se le debe sumar, según indica Olivera, el nombre del protagonista de otro escándalo en el gobierno: Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la DGI.
Escándalos sin declarar
Teniendo en cuenta la velocidad de las redes y el internet, una de las cosas que llama la atención de Olivares es, precisamente, lo rápido que la información se filtra. Apenas salió la designación de Pazo para el ARCA, el nuevo jefe recibió escraches en las redes. Además, el diputado Rodolfo Tailhade lo denunció por tener inmuebles y sociedades en el exterior.
Mientras tanto, en la DGI también llegaron carpetazos. A diferencia de la denuncia del diputado Taihade, desestimada porque Pozo sí había declarado sus bienes, al ex jefe de la DGI no le pudieron perdonar. Según trascendio, a Vázquez se le atribuyen activos y sociedades sin declarar. «Ambos llegan golpeados a esta interna», describieron en la ARCA sobre los nuevos directores que comparten la información de hacienda del país.
No puede suponerse, agrega el periodista, un potencial arreglo en esta tensión. Los motivos pueden salir de varias hipótesis que incluyan el origen de los diferentes miembros que están en el backstage del Estado o la incorruptibilidad filosófica. Lo que sí puede saberse es que estas internas van a tener algún efecto en el futuro.
