En un fallo histórico para Argentina, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia de Formosa, poniendo fin a casi tres décadas de hegemonía de Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. El fallo, unánime y con fundamentos diversos, establece un precedente crucial para el sistema republicano en Argentina, al cuestionar las prácticas que perpetúan a una figura política en el poder durante largos periodos.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió que el artículo 132 de la Constitución de Formosa, que permitía la reelección indefinida del gobernador, es incompatible con los principios republicanos consagrados en la Constitución Nacional. Según el documento, la reelección ilimitada “diluye la separación de poderes” y “atenta contra el principio democrático”, al debilitar los controles institucionales y favorecer la concentración de poder.
Los jueces señalaron que “la permanencia prolongada en el poder impone un costo intolerablemente alto al sistema republicano”, lo que afecta la transparencia, la competencia electoral y la renovación política. En este contexto, la Corte determinó que la Constitución provincial debe ser reformada para garantizar la periodicidad y la alternancia en los cargos de gobierno.
formosaEl impacto directo sobre un Insfrán debilitado
El gobernador peronista con más años en el poder, había sido reelegido en 2023 para un octavo mandato consecutivo. Su liderazgo, consolidado a través de un sistema político caracterizado por el clientelismo, el control del empleo público y un esquema electoral favorable, ha sido objeto de críticas durante años. Insfrán, además, fue aliado de todos los líderes peronistas, y su gestión ha mantenido un fuerte apoyo en las urnas. Polémica situación donde alcanzó el 70% de los votos en su última elección.
Sin embargo, el fallo de la Corte supone un golpe significativo para su continuidad política.
Los argumentos detrás de la decisión
El fallo de la Corte Suprema se basó en el respeto al sistema republicano y en la necesidad de limitar el poder para garantizar la democracia. Los jueces argumentaron que la reelección indefinida afecta la periodicidad de los mandatos. Una grave situación que socava la división de poderes y abre la puerta a prácticas autoritarias.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ya había dictaminado que la perpetuación en el poder erosiona la democracia. Según Casal, “las múltiples reelecciones sucesivas conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho”, al impedir la renovación de los liderazgos y limitar la competencia política en condiciones de igualdad.
El juez Rosenkrantz enfatizó que “la falta de alternancia en el poder facilita el surgimiento de prácticas autoritarias y desnaturaliza el sistema republicano”. En una línea similar, los jueces Rosatti y Maqueda destacaron que “el respeto a la voluntad popular debe equilibrarse con la alternancia. Y es que ambas son bases fundamentales del sistema democrático”.
El futuro político de Formosa
Ante el fallo, Insfrán ya había intentado minimizar su impacto impulsando una reforma constitucional que limitaría la reelección. Sin embargo, de aprobarse, comenzaría a regir en 2027, habilitándolo para competir en dos mandatos adicionales, ahora enfrenta un obstáculo insalvable.
Desde la oposición, celebraron la decisión como una victoria para la democracia y la transparencia. El proceso judicial fue impulsado por el Frente Amplio Formoseño, acompañado por dirigentes de la UCR y de La Libertad Avanza. Los espacios ya habían cuestionado la legitimidad del sistema electoral que garantizaba la continuidad de Insfrán.
Un precedente con impacto nacional
El fallo no solo afecta a Formosa, sino que también envía un mensaje contundente a otras provincias donde se han cuestionado las reelecciones indefinidas. En el pasado, el tribunal ya intervino en casos similares, como en San Juan y Tucumán. Territorios donde se terminó limitando la concentración de poder y reafirmando los principios republicanos.
Con esta decisión, la Corte reafirma que la alternancia en el poder es un principio democrático. Además, de una garantía para preservar la transparencia, la competencia electoral y la institucionalidad. El desafío ahora recae en los actores políticos locales, quienes deberán adaptar la Constitución provincial a los estándares republicanos establecidos por la Carta Magna nacional.