Con el cierre del 2024 a la vuelta de la esquina y un arranque de 2025 sin señales de actividad parlamentaria, las chances de suspender o derogar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se vuelven cada vez más remotas para el gobierno de Javier Milei.
El oficialismo enfrenta un reloj que no se detiene. Según la normativa vigente, el Ejecutivo debe convocar a las PASO al menos 90 días antes de su realización. Esto implica que la derogación o modificación de la ley electoral debe aprobarse en ambas cámaras antes del 5 de mayo de 2025. Sin embargo, con el Congreso paralizado y sin planes inmediatos de sesiones extraordinarias, el panorama se complica.
«Todo queda para marzo»
Durante un brindis de fin de año con periodistas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el Gobierno intentará retomar la reforma electoral en marzo próximo. “Si dejamos pasar febrero sin actividad, los tiempos serán exiguos”, admitió Menem, quien también señaló que cualquier intento de modificar la ley requerirá un trámite ágil y sin margen de error en ambas cámaras.
Sin embargo, más allá del desafío temporal, el Gobierno enfrenta otro obstáculo aún más complejo: la falta de una mayoría parlamentaria para avanzar con la propuesta. Aliados clave del pasado, como el PRO y la UCR, han dejado en claro que no apoyarán la eliminación de las PASO, ya que consideran esta herramienta esencial para ordenar el calendario electoral.
Rupturas y tensiones con el PRO
El vínculo entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri, líder del PRO, atraviesa uno de sus peores momentos. La relación se tensó aún más cuando el oficialismo bloqueó el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, una iniciativa que contaba con amplio respaldo del macrismo.
Macri no dudó en criticar públicamente al Gobierno, denunciando “un destrato casi permanente” hacia su espacio político. “Sin el apoyo del PRO en este primer año de gestión, el riesgo país estaría por encima de los dos mil puntos”, recordó el expresidente, al tiempo que pidió a sus seguidores prepararse para competir con listas propias en todo el país.
En respuesta, Milei lanzó un ultimátum: “Vamos juntos en todos lados o, si no, iremos separados”. Este intercambio público refleja una creciente tensión que amenaza con dinamitar cualquier posibilidad de una coalición entre ambos espacios en el futuro cercano.
Una transferencia de poder evidente
El ascenso de La Libertad Avanza como representante del electorado conservador ha debilitado la posición del PRO. Dirigentes como Diego Kravetz ya han abandonado el macrismo para sumarse al proyecto de Milei, mientras que otros como Diego Santilli y Cristian Ritondo intentan persuadir a Macri de suavizar su postura y mantener el diálogo con el libertario.
Sin embargo, en el entorno de Milei están convencidos de que no necesitan al PRO para ganar las próximas elecciones. Pero esta confianza podría jugarles en contra en el Congreso, donde la correlación de fuerzas es claramente desfavorable para el oficialismo: solo cuenta con 39 diputados de 257 y 6 senadores de 72.
El costo político de la ruptura
La falta de diálogo con el PRO ya está impactando en la agenda legislativa del Gobierno. Proyectos clave como la privatización de Aerolíneas Argentinas, las leyes Antimafia y Hojarasca han quedado en pausa por la falta de apoyo parlamentario.
Aunque el oficialismo sigue firme en su intención de derogar las PASO, esta apuesta podría ser contraproducente. “Si Milei prioriza inmolarse por esta causa, solo logrará profundizar las grietas con el PRO y otros aliados necesarios para sostener su agenda en el Congreso durante 2025”, advierten analistas políticos.
Con un escenario legislativo adverso y un calendario electoral que no espera, el Gobierno enfrenta una disyuntiva crítica: reestablecer el diálogo político con el macrismo o arriesgarse a un año legislativo paralizado y sin avances significativos.
