Más de un año después de asumir la presidencia, Javier Milei privatizó la primera empresa. Se trata de la venta de acciones de la compañía siderúrgica IMPSA S.A a la compañía de capitales estadounidenses ARC Energy, el único oferente que hubo para su adquisición. De esta manera, y si todo sale de acuerdo a lo esperado, se buscará que esta sea la primera de varias empresas que ya están en la lista de espera de las privatizaciones próximas.
«La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa – integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza – resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy», indicó la Secretaría de Comercio en un comunicado de prensa.
El parte oficial señala que «IAF ofertó US$ 27 millones en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de US$ 576 millones».
La oferta aprobada fue la única presentada luego de un largo proceso para lograr la privatización de la empresa. «En su análisis, la Comisión concluyó que se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa», añadió Comercio sobre la primera privatización del Gobierno de Javier Milei.
IMPSA y la privatización
Comercio detalló que «el capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza».
Además indicó que «IAF deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia». De esta manera, su adquisición total quedará en menos de los acreedores, quienes por lógica aceptarán las condiciones porque hay un compromiso de saldar las deudas.
Además, indicaron que «la decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal», completaron.
