La Procuración General de Entre Ríos anunció que presentará un recurso extraordinario federal para revertir la decisión que permitió la excarcelación del exgobernador Sergio Urribarri. La medida, tomada por una sala de feria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial, ha generado indignación en sectores judiciales y políticos. Urribarri, condenado a ocho años de prisión por corrupción, se encuentra actualmente en libertad, beneficiado por un fallo que argumenta la falta de riesgo de fuga.
El recurso, supervisado por Jorge Amílcar Luciano García y elaborado por Leandro Dato, busca acelerar el rechazo del recurso presentado por Urribarri ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el tribunal máximo desestima el recurso, la condena quedará firme y deberá ejecutarse sin más dilaciones.
Estrategia de Urribarri y controversia judicial
Urribarri, quien fue embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, utiliza el recurso extraordinario federal como un «salvavidas jurídico». Al igual que en el caso de Cristina Kirchner con la causa Vialidad, busca que la Corte Suprema actúe como tribunal de apelación penal, algo que no corresponde según la jurisprudencia del máximo tribunal.
La Corte Suprema está de feria hasta febrero, lo que da tiempo a Urribarri para permanecer en libertad en su residencia en Concordia. A sus 66 años, su estrategia parece ser prolongar los tiempos judiciales hasta cumplir 70 años, edad que permitiría solicitar prisión domiciliaria.
Fallo de excarcelación y divisiones en el TSJ
El fallo que liberó a Urribarri fue emitido por los jueces Leonardo Portela y Germán Carlomagno, quienes consideraron que no existía riesgo de fuga. Miguel Giorgio, en disidencia, votó por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva en una unidad penal. Portela fue designado por el exgobernador Gustavo Bordet, mientras que Carlomagno llegó al cargo bajo el impulso del también peronista Jorge Busti.
La decisión, emitida en plena feria judicial, ha sido duramente cuestionada. Los fiscales apuntan a que la medida no solo retrasa el cumplimiento de la condena, sino que también representa un precedente cuestionable en casos de corrupción de alto perfil.
Condena por corrupción y antecedentes judiciales
Sergio Urribarri fue condenado en abril de 2022 por peculado y negociaciones incompatibles con su cargo. La sentencia fue ratificada en mayo de 2023 y se ordenó su detención en noviembre de ese año. Sin embargo, su ingreso a prisión se ha visto obstaculizado por diversas estrategias legales y fallos favorables.
Además, el exgobernador enfrenta otras causas judiciales por corrupción. En 2021, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja en una causa relacionada con el presunto desvío de fondos durante la campaña presidencial de 2015. El rechazo fue por motivos formales, al no haberse agotado las etapas procesales previas.
Repercusiones políticas y judiciales
La excarcelación de Urribarri ha reavivado el debate sobre la impunidad y la efectividad del sistema judicial en casos de corrupción. Desde sectores opositores se critica la influencia política en las decisiones judiciales. A su vez, organismos de la sociedad civil exigen mayor transparencia y celeridad en los procesos.
El recurso extraordinario presentado por la Procuración General será una prueba crucial para definir el destino judicial de Urribarri. Además, del mensaje que el sistema judicial envía en relación a la lucha contra la corrupción.
