El ajuste en la Secretaría de Derechos Humanos bajo el Gobierno de Javier Milei generó una nueva ola de despidos que pone en riesgo la continuidad de las políticas públicas vinculadas a la memoria y la justicia. Los trabajadores del área denunciaron que la situación es crítica y afecta tanto al funcionamiento operativo como a los equipos dedicados a la investigación y asistencia a víctimas.
En una entrevista para la radio AM 750 Paula Donadío, delegada de ATE Capital, señaló: «Más de la mitad de las áreas de la secretaría no tuvieron una dirección. Estamos viendo un desmantelamiento total de las políticas de la secretaría. El secretario dice que reestructuran y yo no veo que los trabajos no sean fácilmente reemplazables».
Donadío detalló el impacto de los despidos: «Fueron más de 200 despidos en todas las áreas de la secretaría, algo que pone en riesgo la continuidad de decenas de políticas que se llevan a cabo. Si seguimos perdiendo trabajadores de la forma en la que lo estamos haciendo y con el poco mantenimiento que hay en los edificios, sí, podemos decir que está en riesgo el Archivo Nacional y los espacios de memoria».
Alejandro Jasinski, uno de los trabajadores despedidos del Programa Verdad y Justicia, relató su experiencia: “Con el plan de retiros voluntarios ya arrancó un día a día de oficina donde todos estaban debatiendo qué hacer y cómo rechazarlo, pero sin saber si había otra solución”.
Jasinski agregó: «No había información concreta con qué iba a pasar con los que no adherían a un retiro que era voluntario, que no tenía nada de voluntario. Fue un día a día muy agotador. Hablando con la familia. Yo tengo una hija, una relación, una casa, una vida que mantener. Esa pérdida de equipo, de día a día, se siente».
Los efectos negativos de recortar personal en la Secretaría de Derechos Humanos
Sobre el impacto en el futuro de la secretaría, Jasinski expresó: «Se pierde mucha experiencia de investigación, de conocer los informes, de saber dónde buscar. La Justicia, cuando haga pedidos, va a tener menos equipo. Va a tener menos asistencia a víctimas y menos investigación. Y el Estado pierde el rol de autocrítica que tiene la secretaría».
Finalmente, advirtió: «Me parece que ahí es donde apunta la gestión actual, a desmantelar la política pública y ese rol que puede tener el Estado». Las organizaciones gremiales continúan en estado de alerta, denunciando que el ajuste podría profundizarse en los próximos días con la suspensión de más contratos.
