El inicio del año parlamentario llegó con nuevas medidas impulsadas por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que buscan alinearse con las políticas de austeridad y disciplina promovidas por el presidente Javier Milei. Estas decisiones incluyen un endurecimiento en las condiciones laborales de los empleados legislativos, ajustes en las horas mínimas y máximas de trabajo diario, y la reducción de los días habilitados para trabajar «en comisión», es decir, fuera de las instalaciones del Congreso.
Menem justificó estas medidas argumentando que buscan establecer «criterios claros sobre el rango horario y mecanismos que aseguren la efectiva prestación del servicio». Según la resolución N°2 firmada por el titular de la Cámara y la decisión administrativa N°10 de la secretaria administrativa, Laura Oriolo, el objetivo es garantizar el cumplimiento de las 35 horas semanales estipuladas por el estatuto legislativo.
La implementación y sus implicancias políticas
Las nuevas disposiciones afectan tanto a los empleados permanentes como transitorios, estableciendo un mínimo de cuatro horas y un máximo de nueve horas de trabajo diario de manera presencial. Incluso si un trabajador sobrepasa las 35 horas semanales por sesiones extendidas o tareas adicionales, deberá cumplir con el horario estipulado, aunque tendrá la posibilidad de compensar dichas horas con los dos días mensuales permitidos para trabajar en comisión.
Además, las salidas para comer o realizar diligencias fuera del Congreso serán descontadas del tiempo de trabajo, lo que generó malestar entre el personal legislativo. Desde los bloques opositores, estas medidas fueron interpretadas como una herramienta de disciplinamiento político que Menem podría utilizar para negociar apoyos. Aunque desde el entorno del titular de Diputados niegan tal intención.
La reacción de los bloques y el gremio
Durante una reunión reciente de jefes de bloque, el diputado Miguel Pichetto expresó su descontento por las condiciones salariales y laborales del personal legislativo. Y señalando que las medidas dificultan la contratación y retención de personal capacitado. Otros dirigentes de PRO y el radicalismo de Democracia también manifestaron su incomodidad y anticiparon posibles reclamos.
Por su parte, el líder del gremio legislativo Norberto Di Próspero, titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), sostuvo que las medidas no afectan de manera directa a los empleados y están dentro de lo establecido por la ley 24.600, que regula el estatuto del personal legislativo. Esta postura marcó un contraste con el malestar expresado por algunos bloques opositores.
Excepciones y desconfianza
A pesar del endurecimiento general, la resolución contempla excepciones para quienes desempeñen «tareas estrictamente relacionadas con la labor parlamentaria o en dependencias cuya naturaleza del servicio exija una jornada laboral excepcional». Sin embargo, este punto genera suspicacias entre los opositores, que temen que dichas excepciones sean utilizadas como herramienta de negociación política.
Desde la Secretaría Administrativa explicaron que las excepciones podrían aplicarse a roles específicos, como serenos o empleados de seguridad. Además, aclararon que cada caso será evaluado individualmente. Además, se estudia la posibilidad de limitar estas medidas al personal «de estructura», dejando fuera a los llamados «cupos». Es decir, trabajadores designados por los diputados para desempeñar tareas en territorio.
El trasfondo político
Las medidas de Menem buscan alinearse con la agenda de ajuste de Milei. También diferenciarse de la gestión de Victoria Villarruel, presidenta del Senado. Y es que fue criticada por sectores libertarios tras declarar que los senadores ganan «dos chirolas» y congelar los aumentos salariales hasta marzo. Este gesto de austeridad también parece orientado a fortalecer la imagen de Menem como un aliado clave del presidente en la implementación de reformas estructurales.
