En un país donde millones de argentinos viven en la pobreza y las prioridades deberían enfocarse en resolver problemas estructurales, los Concejos Deliberantes de diversas ciudades parecen estar desconectados de la realidad. Los costos exorbitantes que implican su funcionamiento no solo representan un despilfarro de recursos, sino que también constituyen una afrenta a los ciudadanos que diariamente enfrentan dificultades económicas.
Según un informe de la Fundación Libertad, las ciudades de San Miguel de Tucumán, Río Gallegos y San Salvador de Jujuy encabezan el ranking de los concejales más costosos del país. En 2024, cada legislador local en la capital tucumana costó $668,3 millones al año, seguido por $639,3 millones en Río Gallegos y $564 millones en San Salvador de Jujuy. Estas cifras no solo superan ampliamente el promedio nacional de $129,4 millones por concejal, sino que contrastan con ciudades donde los costos son significativamente menores, como Junín ($10,6 millones) o Merlo ($17,5 millones).
El despilfarro en estas ciudades es una contradicción flagrante en un contexto donde se exige austeridad y eficiencia en todos los niveles de gobierno. En Tucumán, por ejemplo, mientras los hospitales enfrentan carencias y las escuelas requieren mantenimiento, los concejales consumen recursos que podrían destinarse a cubrir necesidades esenciales.
Un desbalance en los presupuestos municipales
El informe también revela que, en promedio, el gasto destinado a los Concejos Deliberantes representa el 3,3% de los presupuestos municipales. Sin embargo, en ciudades como Formosa (13,7%), Posadas (11,2%) y San Salvador de Jujuy (8,4%), este porcentaje es escandalosamente alto. En Formosa, el presupuesto del Concejo equivale al 89,9% del gasto en obras públicas, mientras que en Posadas consume una cantidad similar a todo el plan de obras públicas de la ciudad.
Esta asignación desproporcionada de recursos no solo es un insulto a la ciudadanía, sino que refleja una desconexión total con las verdaderas prioridades de los municipios. Es inadmisible que, en una ciudad como San Salvador de Jujuy, se destine más al Concejo Deliberante que al mantenimiento de la policía y el control municipal.
El gasto en personal: un elefante en la sala
Un aspecto particularmente alarmante es que el 87,4% del presupuesto promedio de los Concejos se destina al pago de sueldos. Para algunas ciudades, como Godoy Cruz, Maipú y General Pueyrredón, el porcentaje supera el 98%. En Posadas, cada concejal cuenta con 122 empleados, mientras que en San Salvador de Jujuy hay 60 empleados por cada legislador local. En contraste, ciudades como Tandil, San Nicolás y Rafaela presentan plantas de personal que no superan la cantidad de concejales.
Estas cifras exponen una estructura innecesariamente inflada, diseñada más para beneficiar a la «casta política» que para servir a la ciudadanía. Como lo expresó Javier Bongiovanni, de la Fundación Libertad, “es hora de ajustar el gasto de la política y eliminar estos privilegios que perpetúan el descaro y la ineficiencia”.
Costo por habitante: un nuevo nivel de inequidad
El costo por habitante de los Concejos también es desproporcionado. En Río Gallegos, cada vecino aporta $38.578 al año para financiar a los concejales, mientras que en San Miguel de Tucumán esta cifra asciende a $19.985. En el otro extremo, municipios como La Matanza ($1.258) y Florencio Varela ($1.372) presentan costos mucho más razonables.
Esta disparidad pone en evidencia la falta de un criterio uniforme y equitativo para la asignación de recursos. En ciudades como Posadas, que destina más recursos a su Concejo que a áreas clave como turismo o movilidad urbana, queda claro que el sistema actual está diseñado para beneficiar a los políticos y no a los ciudadanos.
Una afrenta al mensaje de austeridad presidencial
El presidente Javier Milei ha insistido en la necesidad de un Estado austero y eficiente, donde cada peso público se utilice en beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, estos Concejos Deliberantes, con sus costos desorbitados y su falta de eficiencia, representan exactamente lo contrario. Mientras el Gobierno Nacional busca ordenar las cuentas y reducir el gasto superfluo, estas instituciones locales operan como feudos personales, donde la prioridad es perpetuar los privilegios de una élite política.
