El reciente decreto 33/2025, que modifica el régimen antidumping que busca agilizar investigaciones y combatir la importación desleal para proteger la industria local para combatir las importaciones desleales, generó una rápida respuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA). Mientras desde el Gobierno aseguran que estas medidas contribuirán a la baja de precios, la entidad fabril destacó avances en la normativa, aunque señaló que no debe confundirse con una causa de los costos elevados de la producción local.
La UIA, liderada por Daniel Funes de Rioja, respaldó la agilización de los tiempos de investigación en casos de dumping, que ahora serán de ocho meses en lugar de los 12 o más que solían tardar. Sin embargo, aclararon que las barreras antidumping son esenciales para enfrentar la competencia desleal y que los precios locales no dependen exclusivamente de ellas.
Antidumping: ¿Un freno a la competencia desleal
La central fabril argumentó que las medidas del régimen antidumping , buscan equilibrar las condiciones frente a estrategias comerciales agresivas de otros países. Además, señalaron factores estructurales que dificultan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales, como la alta carga impositiva, la falta de infraestructura, los elevados costos financieros y la inestabilidad macroeconómica.
«¿Cómo puede competir una pyme que enfrenta impuestos altos, logística costosa y limitaciones en el financiamiento con productos de países donde se subsidian las materias primas y no hay leyes laborales estrictas?», cuestionó la UIA en su comunicado.
Opiniones divididas sobre el impacto
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los derechos antidumping se aplican cuando un producto importado se vende por debajo de su valor de mercado, generando competencia desleal con la industria local. Sin embargo, advirtió que en algunos casos estas medidas actúan como una traba que encarece productos para los consumidores.
El nuevo régimen también introduce cambios en la duración de las medidas. Cuando se demuestre daño por dumping, estas tendrán una vigencia de tres años, prorrogables por dos años más, una reducción respecto a los cinco años establecidos previamente.
Pese a las críticas, la UIA reconoce que la agilización de los procesos podría beneficiar a las industrias locales. Sin embargo, insisten en que el problema de fondo no radica en estas medidas, sino en los desafíos estructurales que enfrenta la economía argentina para competir en igualdad de condiciones en el mercado global.
La implementación completa del nuevo régimen antidumping será clave para evaluar su impacto real tanto en la industria como en los precios. Mientras tanto, el debate entre protección industrial y reducción de costos para los consumidores sigue abierto.
