Gobierno despidió a personal de salud. El reciente recorte en el Ministerio de Salud ha generado una gran preocupación en diversos sectores, especialmente en aquellos vinculados al tratamiento y la prevención de enfermedades como el VIH, Hepatitis y Tuberculosis. La oficialización del despido del 40% del personal de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis, junto a un 30% en la Dirección de Vacunas, ha dejado a muchos sin poder ocultar su inquietud sobre las repercusiones que esta medida podría tener en la salud pública.
El recorte, que afecta a alrededor de 1.400 contratos, se enmarca dentro de un proceso de «reestructuración» anunciado por el Ministerio de Salud a mediados de enero. Según la versión oficial, las desvinculaciones se realizaron luego de detectar irregularidades en los contratos, sin especificar detalles sobre las mismas. Sin embargo, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis considera que estos despidos masivos son un golpe mortal para las políticas públicas que se han venido desarrollando en el país para enfrentar estas enfermedades.
El impacto de los despidos en la respuesta a la salud pública
Gobierno despidió personal y afecta principalmente a profesionales con años de experiencia y compromiso en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. Profesionales que han dedicado su vida a la atención de personas con estas condiciones fueron notificados a última hora de la tarde del jueves, generando una gran incertidumbre sobre la capacidad del Ministerio para seguir atendiendo la creciente demanda de tratamientos y atención especializada. Para el Frente Nacional, este desmantelamiento representa un retroceso significativo en los esfuerzos por contener y tratar estas enfermedades, que han mostrado un notable aumento en los diagnósticos.
Desde el Frente argumentan que las direcciones afectadas no solo se encargaban de la distribución de medicamentos y tratamientos a nivel nacional, sino que también desarrollaban políticas de prevención y realizaban estudios clave sobre las poblaciones vulnerables. Estas funciones, fundamentales para la salud pública, ahora están en riesgo, lo que podría derivar en una falta de coordinación en los esfuerzos nacionales contra el VIH, la Hepatitis y la Tuberculosis.
La ley 27.675 y la delegación a las provincias
El recorte también ha traído consigo un debate sobre la ley 27.675, que establece que el Gobierno debe garantizar la provisión de medicamentos e insumos a toda la población. Las autoridades nacionales han optado por delegar estas responsabilidades a las provincias, algo que, según los críticos, podría generar un desajuste en la distribución y utilización de los recursos. Este movimiento, señalan, va en contra de la optimización de los recursos públicos, una de las mayores preocupaciones del Gobierno de Javier Milei.
Las compras descentralizadas de medicamentos e insumos, advierten, no solo aumentarán el déficit fiscal, sino que también pondrán en peligro el acceso equitativo a tratamientos vitales en todo el país. La salud pública, argumentan, no debe ser objeto de recortes ni desfinanciaciones, ya que esto compromete la vida de miles de personas y facilita la propagación de enfermedades.
El riesgo de un desmantelamiento sanitario
Gobierno despidió personal y hace recortes en el presupuesto de salud tienen un impacto directo en la capacidad del país para hacer frente a pandemias como el VIH, la Hepatitis y la Tuberculosis. El temor es que esta reestructuración termine por dejar al sistema de salud pública incapaz de brindar la respuesta necesaria a la población. La comunidad sigue alertando sobre las consecuencias que podría acarrear este desmantelamiento sanitario, que compromete la atención de miles de personas vulnerables y pone en riesgo el progreso logrado en años de trabajo constante en el área de salud pública.
