El Gobierno nacional puso fin a la intermediación de las obras sociales en la derivación de aportes a las prepagas. A través de una resolución del Ministerio de Salud, 1.400.000 afiliados deberán comenzar a aportar directamente a la empresa de medicina prepaga que les brinda cobertura, eliminando la figura de las obras sociales que actuaban como intermediarias y se quedaban con un porcentaje de los fondos.
El sistema de salud para los trabajadores en relación de dependencia se financia con un aporte del 3% del salario y un 6% adicional de la empresa empleadora. Hasta ahora, quienes optaban por una prepaga debían derivar sus aportes a una obra social, que luego giraba el dinero reteniendo entre un 3% y un 10% por el servicio de intermediación. Con la nueva normativa, ese mecanismo queda eliminado, lo que permitirá que los afiliados accedan a una cobertura directa y, en teoría, con menores costos.
Los cambios en la derivación de aportes
Los trabajadores que no quieran que sus aportes sean transferidos directamente a la prepaga tendrán un plazo de 60 días para formalizar su decisión y elegir una obra social. Sin embargo, aquellas que reciban afiliados no podrán transferir los fondos a una empresa de medicina privada, lo que significa un reordenamiento del sistema y el cierre de negocios que, según fuentes oficiales, generaban ingresos millonarios a estructuras sin actividad real.
El Gobierno argumenta que esta medida apunta a erradicar un esquema de «triangulación» que permitió la proliferación de obras sociales «sello de goma», que existían solo para retener parte del dinero sin ofrecer servicios médicos reales. Según estimaciones oficiales, este mecanismo generaba ingresos mensuales de más de 30.000 millones de pesos, acumulando anualmente unos 300 millones de dólares.
El impacto en los beneficiarios y el ahorro esperado
Desde el Ministerio de Salud sostienen que la eliminación de la intermediación permitirá que los afiliados accedan a servicios médicos de manera más directa y transparente. Además, remarcan que el ahorro que representa la eliminación del porcentaje retenido por las obras sociales debería reflejarse en una menor carga para los trabajadores que pagan cobertura privada.
El oficialismo confía en que, ante la menor burocracia y costos, las prepagas podrían no solo evitar nuevos aumentos, sino incluso reducir sus tarifas en los próximos meses. De este modo, se espera que la medida beneficie a la clase media con un sistema más claro y eficiente.
Obras sociales bajo la lupa
El reordenamiento del sistema dejó en evidencia la existencia de varias obras sociales con actividad mínima o con estructuras que no justificaban la cantidad de afiliados que manejaban. Entre los casos más notorios, la Obra Social de Comisarios Navales (OSCNA) registraba solo cuatro empleados activos para gestionar 161.000 afiliados. La Obra Social de Serenos de Buques (OSSDEB) tenía ocho trabajadores para 60.000 afiliados, mientras que la de Técnicos de Vuelo (OSTVLA) operaba con 16 empleados y 81.976 afiliados.
Otro caso llamativo es el de la Obra Social Empresarios de Remises (OSCEAR), que registraba ingresos mensuales de 5.500 millones de pesos con solo 63 empleados. A su vez, la Obra Social de Árbitros Deportivos de la República Argentina (OSADRA) recaudaba 1.200 millones de pesos al mes con apenas siete empleados.
El Gobierno sostiene que muchas de estas entidades funcionaban como cajas de financiamiento sin prestar servicios reales, generando un gasto innecesario que ahora será eliminado.
