El ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en los impuestos provinciales y cuestionó a aquellos gobernadores que decidieron aumentar la carga tributaria en lugar de reducir el gasto público. Aunque no mencionó nombres, un relevamiento privado reveló que seis provincias ignoraron el pedido del Gobierno y aplicaron subas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, afectando directamente a los contribuyentes y a la actividad productiva.
Según un informe del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, basado en fuentes oficiales, las provincias que incrementaron Ingresos Brutos son Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut. En conjunto, estas jurisdicciones concentran el 52,1% de la población del país, lo que significa que más de la mitad de los argentinos están sometidos a una mayor presión fiscal por decisión de sus gobernadores.
Cada provincia aplicó los aumentos de manera distinta, pero el impacto en la actividad económica es innegable. En Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, si bien las alícuotas no subieron formalmente, las escalas no fueron actualizadas en función de la inflación, lo que en la práctica se traduce en un aumento de hasta el 40% en algunos sectores. Santa Fe, por su parte, elevó la carga tributaria sobre los servicios financieros y los juegos de azar del 5% al 9%, lo que provocó un fuerte rechazo del sector privado.
Los argumentos de los gobernadores y la respuesta de Caputo
El gobernador bonaerense Kicillof no tardó en responder a las críticas y, en un intento de desviar la atención, culpó al Gobierno nacional por la restitución del Impuesto a las Ganancias, que había sido eliminado en 2023. “Milei subió impuestos”, afirmó, omitiendo que ese tributo es coparticipable y que las provincias se benefician directamente de su recaudación. Desde el Ministerio de Economía, en tanto, remarcaron que Kicillof evita mencionar que su gestión es la que más recauda a costa de las empresas y los trabajadores bonaerenses.
El caso de Santa Fe también generó polémica. Tras el fuerte rechazo del sector privado, el gobernador Maximiliano Pullaro intentó justificarse: aseguró que Ingresos Brutos no alcanzó al campo y la industria. Sin embargo, su administración no dudó en castigar con más impuestos a los servicios financieros, lo que inevitablemente se trasladará a los costos de financiamiento para empresas y consumidores.
Neuquén, Chubut y Entre Ríos también aplicaron subas en las alícuotas de Ingresos Brutos para el sector financiero, llevándolas hasta el 9%. En el caso de Chubut, el gobierno de Ignacio Torres intentó atenuar la medida asegurando que en 2027 eliminarán el tributo por completo, una promesa difícil de cumplir en el contexto actual.
El impacto en la actividad económica y la falta de voluntad de ajuste
Jujuy, gobernada por Carlos Sadir, decidió aumentar la carga tributaria sobre el comercio minorista, eliminando la alícuota más baja y obligando a los pequeños comerciantes a pagar más impuestos. Mientras tanto, Río Negro aplicó aumentos al transporte de carga, lo que afectará los costos logísticos de las empresas y, en última instancia, el precio de los productos para los consumidores.
El problema de fondo es claro: en lugar de reducir el gasto público, ajustar estructuras innecesarias y eliminar privilegios, estas provincias optaron por la vía fácil de aumentar impuestos y trasladar la carga a los ciudadanos y las empresas. La administración Milei ha insistido en la necesidad de bajar la presión impositiva para estimular la inversión y el crecimiento, pero los gobernadores parecen más preocupados por sostener sus estructuras políticas y burocráticas.
El debate sobre la carga fiscal y el rol del Estado
El tuit de Caputo marcó el inicio de una nueva discusión en la agenda política y económica. Durante 2024, la prioridad del Gobierno fue reducir el déficit a través del ajuste del gasto público, mientras que en 2025 la atención se centra en la presión fiscal y en qué sectores recibirán alivio impositivo.
La reacción de los gobernadores demuestra que, lejos de alinearse con la política de reducción del Estado, muchos siguen aferrados a un modelo de financiamiento basado en la recaudación a costa del sector productivo. En lugar de hacer esfuerzos genuinos por mejorar la eficiencia del gasto público, eligen mantener sus estructuras con el dinero de los contribuyentes, afectando el desarrollo económico y postergando cualquier posibilidad de crecimiento real.
El dilema está planteado: o las provincias acompañan el camino de la desregulación y la baja de impuestos propuesto por el Gobierno nacional, o siguen el camino del populismo fiscal que solo agrava la crisis. Mientras tanto, los argentinos son los que pagan el precio de estas decisiones.
