El debate sobre la eliminación de la figura de femicidio en el Código Penal argentino generó una fuerte controversia dentro del Gobierno nacional. La decisión inicial de derogar el agravante, defendida por el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, encontró un obstáculo legal: más de 300 condenados podrían solicitar la reducción de sus penas y acceder a la libertad condicional.
Desde su creación en 2012, la figura de femicidio se estableció como un agravante del homicidio, con la intención de sancionar crímenes cometidos por razones de género. Actualmente, quienes son condenados bajo este artículo del Código Penal reciben prisión perpetua. Sin embargo, en caso de derogación, los delitos pasarían a ser considerados homicidios simples, con penas de 8 a 25 años.
Un principio penal
El principio de aplicación de la ley penal más benigna establece que, si una norma reduce las sanciones, quienes fueron condenados bajo la legislación anterior pueden solicitar la revisión de su sentencia. Este punto generó alarma en diversos sectores judiciales, ya que permitiría la liberación anticipada de cientos de presos condenados por femicidio.
Según la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), actualmente hay al menos 306 personas condenadas por esta figura penal, de las cuales la gran mayoría cumple prisión perpetua. De aprobarse la reforma, muchos de ellos podrían acceder a beneficios de reducción de pena o incluso obtener la libertad condicional.
Las advertencias del ámbito judicial
El excamarista y presidente del Colegio de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que una supresión del homicidio calificado por razones de género permitiría que los condenados presenten recursos de revisión para reducir sus penas o conseguir su liberación.
En la misma línea, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia publicó un informe en el que señala que desde 2017 hasta 2023 las imputaciones por homicidio agravado por violencia de género crecieron un 21,9%, pasando del 56,9% en 2017 al 78,8% en 2023. Este incremento evidencia la importancia de la figura del femicidio dentro del sistema penal argentino.
Además, el análisis judicial sostiene que el concepto de femicidio no solo responde a un castigo penal, sino que también busca visibilizar y sancionar una problemática estructural de violencia contra las mujeres y diversidades.
El Gobierno busca reformular el proyecto
Ante las críticas y el impacto que la eliminación del femicidio podría tener en el sistema judicial, el Gobierno decidió reconsiderar la medida y analizar una alternativa. Según fuentes oficiales, se está trabajando en un nuevo proyecto que mantendría ciertos agravantes relacionados con la violencia de género, pero bajo un marco más amplio que contemple la protección de la familia como bien jurídico.
El presidente Milei ya había expuesto su postura en el Foro de Davos. Allí criticó la existencia de la figura de femicidio: «Legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre». El ministro de Justicia había confirmado la intención del Gobierno de eliminar el agravante, afirmando que «ninguna vida vale más que otra».
Sin embargo, la posible consecuencia de liberar a cientos de condenados generó un giro en la estrategia oficial. El Ejecutivo mantiene su postura de revisar el Código Penal y eliminar lo que considera “discriminación positiva”. Sin embargo, el impacto jurídico de la reforma podría modificar el plan original.
Un antecedente con implicancias políticas y jurídicas
La inclusión del femicidio en el Código Penal se estableció en 2012, tras casos emblemáticos como el asesinato de Wanda Taddei y el crimen de las turistas francesas en Salta. Desde entonces, se ha convertido en una herramienta clave para la sanción de la violencia de género en el país.
Su eliminación no solo tendría repercusiones en el ámbito judicial, sino también en la percepción pública del Gobierno respecto a su política de género. Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición ya manifestaron su rechazo a la posible derogación. Advirtiendo sobre un retroceso en materia de protección de las mujeres y diversidades.
