El Gobierno de Javier Milei disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), el organismo que intervenía en conflictos entre consumidores y empresas. La decisión se formalizó este lunes 3 de febrero a través del Decreto 55/2025, que también eliminó el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo y el Fondo de Financiamiento que cubría los honorarios del servicio. El objetivo es reducir gastos en el Estado nacional para mantener el superávit fiscal y por ende reducir la inflación al mediano plazo.
El COPREC había sido creado en 2015 bajo la Ley 26.993 para brindar una instancia de conciliación obligatoria antes de recurrir a la Justicia en casos de consumo. Sin embargo, según el Poder Ejecutivo, su eficiencia era baja: en 2024 solo resolvió el 28% de los 108.762 reclamos ingresados, mientras que el 47% quedaron pendientes y el resto se cerró sin acuerdo.
Ahorro fiscal y digitalización de reclamos
Desde la Secretaría de Comercio explicaron que el organismo «duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eficiencia», además de operar mayormente en la Ciudad de Buenos Aires, donde existen otras instancias con el mismo propósito. Con su eliminación, el Gobierno proyecta un ahorro de u$s650 millones anuales, mientras que los reclamos de los consumidores se canalizarán a través de la plataforma digital Ventanilla Única Federal.
El decreto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona señala que la medida se enmarca en la política de desburocratización del Estado y simplificación de procesos administrativos, evitando gastos innecesarios y optimizando los recursos.
Impacto para los consumidores
A pesar de la eliminación del COPREC, el Gobierno aseguró que los derechos de los consumidores seguirán protegidos. La Secretaría de Comercio será la encargada de tramitar los casos pendientes y canalizar los nuevos reclamos mediante el sistema digital. Además, quienes no lleguen a un acuerdo con las empresas podrán recurrir directamente a la Justicia, tal como lo establece la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Otro de los argumentos para la disolución fue que el sistema generaba mayores costos para los proveedores, lo que, en muchos casos, se trasladaba al precio final de los productos y servicios. Con esta medida, el Gobierno apuesta a reducir esos costos y evitar la superposición de competencias entre organismos.
La eliminación del COPREC se enmarca en el plan general de ajuste del Estado impulsado por la administración Milei, que busca reducir el gasto público y eliminar organismos considerados innecesarios. En este contexto, la digitalización de trámites aparece como una estrategia clave para agilizar gestiones y reducir costos administrativos.
