Los demandantes del juicio Cupón PBI cobraron una garantía de 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo a través de una Carta de Crédito del banco Santander. Sin embargo, el país aún enfrenta un saldo pendiente superior a 1.400 millones de dólares, mientras el Gobierno analiza los pasos legales a seguir.
El litigio se originó por el incumplimiento del pago de los bonos atados al crecimiento económico del país. En 2023, la justicia británica condenó a Argentina a abonar aproximadamente 1.500 millones de dólares a los bonistas afectados. Tras la falta de pago en diciembre, la Corte de Apelaciones ordenó la ejecución parcial de la garantía.
El impacto en las finanzas argentinas
El economista Sebastián Maril destacó que el cobro de la garantía no afectará las reservas del Banco Central, ya que el impacto financiero se sintió el año pasado, cuando se constituyó la garantía. No obstante, Argentina sigue expuesta a eventuales embargos si no resuelve los pagos pendientes.
El Gobierno de Javier Milei aún no emitió declaraciones tras la ejecución de los fondos, aunque el presidente se había manifestado previamente en X, atribuyendo la situación a la manipulación de datos del INDEC durante gobiernos anteriores.
El origen del conflicto
La disputa legal fue iniciada en 2019 por cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, que reclamaban pagos por bonos emitidos entre 2005 y 2010. El conflicto tiene su origen en la intervención del INDEC en 2007, cuando se alteraron los datos de inflación y crecimiento económico.
En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner modificó el cálculo del PBI, lo que redujo la tasa de crecimiento oficial y evitó el pago a los bonistas. Como resultado, los inversores demandaron a Argentina en tribunales británicos, obteniendo un fallo favorable en 2022.
Las opciones del Gobierno ante el fallo
Para analistas financieros, la mejor estrategia del juicio cupón PBI sería cumplir con los pagos y evitar prolongar el litigio. Maril sugiere que Argentina debería abordar estas demandas como activos y no como pasivos, destacando que honrar los compromisos mejoraría la imagen del país ante los mercados internacionales.
Mientras tanto, la Procuración del Tesoro está evaluando con sus asesores legales las consecuencias del fallo de la Corte Suprema británica. La decisión que tome el Gobierno en los próximos meses será clave para la relación con los inversores y el acceso al financiamiento externo.
