La Corte Suprema de Justicia de Reino Unido rechazó la apelación presentada por el Gobierno de Javier Milei y confirmó la sentencia que obliga a la Argentina a indemnizar con 1.330 millones de euros a los tenedores de los bonos «cupón PBI». El fallo ratifica la decisión del Tribunal de Apelaciones británico, que dio la razón a los fondos demandantes: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald.
De acuerdo a datos de la agencia NA, la disputa se originó en 2013, cuando el Estado argentino modificó la metodología para calcular el Producto Bruto Interno (PBI), lo que afectó los pagos asociados a los bonos emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Según los demandantes, el Gobierno alteró los datos económicos para evitar abonar los intereses comprometidos en estos títulos.
En diciembre pasado, los acreedores solicitaron la ejecución de la garantía, y en enero, el Tribunal de Apelaciones autorizó al fideicomisario a “exigir el pago en virtud de la carta de crédito y distribuir cualquier dinero recibido”, según documentos del Bank of New York Mellon (BNY). Posteriormente, el 20 de enero de 2025, el fiduciario remitió una demanda de pago al Banco Santander S.A. por 313,9 millones de euros, como parte del proceso de cobro.
«Los fondos, que colectivamente poseen aproximadamente el 48% de la valuación de los bonos, demandaron al país en 2019 en el Tribunal Superior de Londres por un valor global de 670 millones de dólares», recordó el Gobierno en un comunicado meses atrás. En ese mismo mensaje, el Ejecutivo reconoció que estaba «analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido».
Hasta el momento, la Procuración General de la Nación no ha dado una respuesta oficial sobre cómo se ejecutará el pago de la indemnización. Sin embargo, en marzo de 2024, el Gobierno creó el “Fideicomiso Especial de la República Argentina” en Nueva York, con el objetivo de constituir una garantía por 337 millones de dólares para afrontar este tipo de litigios.
El Gobierno de Javier Milei no pudo evitar el fallo en contra que arrastra la Argentina desde 2019
El juez británico Stephen Phillips, al solicitar esa garantía para la apelación, dejó en claro que la difícil situación económica del país no era un argumento válido para evitar la condena: «Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población».
El cupón atado al PBI fue diseñado como un incentivo para los inversores que participaron en la reestructuración de la deuda liderada por Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen en 2005. Este instrumento obligaba a la Argentina a pagar intereses a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. Ahora, tras el fallo británico, el país deberá afrontar una nueva carga financiera en medio de un complejo panorama económico.
