El sábado 8 de febrero comenzará la última fase del Régimen de Regularización de Activos, que finalizará el 7 de mayo, salvo que el Gobierno de Javier Milei decida una prórroga. Esta etapa, con una alícuota del 15% sobre el valor excedente de US$100.000, representa la última oportunidad para que los contribuyentes regularicen sus bienes.
A diferencia de las fases anteriores, esta instancia es menos beneficiosa en términos impositivos, aunque mantiene las mismas condiciones de adhesión. Podrán sumarse personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas que hayan sido residentes fiscales en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas ante ARCA.
Qué bienes y activos pueden blanquearse
En esta etapa se podrán declarar inmuebles, tanto en Argentina como en el exterior, incluyendo obras en construcción en cualquier grado de avance. También podrán exteriorizarse acciones y participaciones en sociedades, fideicomisos, cuotapartes de fondos comunes de inversión y otros activos financieros, siempre que no coticen en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Asimismo, se permitirá declarar bienes muebles como automóviles, aeronaves y embarcaciones. En cuanto a los activos financieros, estarán alcanzadas las acciones, bonos, obligaciones negociables y certificados de depósito, tanto en mercados locales como en el exterior. También podrán regularizarse criptomonedas y criptoactivos.
Sin embargo, en esta fase no se podrá blanquear dinero en efectivo, aunque sí será posible declarar cuentas bancarias no registradas, lo que permite a los contribuyentes ingresar al régimen fondos depositados hasta el 31 de diciembre de 2023.
Restricciones y excepciones
Existen ciertas restricciones para quienes deseen adherirse al blanqueo. No podrán participar funcionarios públicos actuales ni de los últimos 10 años, así como sus cónyuges, convivientes, padres, hijos, hermanos y cuñados. Además, quienes deseen declarar cuentas en el exterior deberán verificar que no estén radicadas en países considerados de «alto riesgo» o «bajo monitoreo» por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), ya que estas jurisdicciones están excluidas del régimen.
Beneficios para los contribuyentes que adhieran al blanqueo
Quienes regularicen sus activos accederán a una serie de beneficios fiscales y legales. Quedarán exentos del pago de impuestos que no hayan declarado previamente sobre esos bienes, no enfrentarán acciones civiles ni sanciones por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros o infracciones administrativas vinculadas a los activos exteriorizados, e incluso en casos donde existan procesos en curso, los contribuyentes podrán adherirse siempre que la determinación de oficio no haya quedado firme antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.743.
No obstante, las facturas consideradas apócrifas por ARCA no estarán alcanzadas por estos beneficios. Esto significa que, en relación con el Impuesto a las Ganancias, las salidas no documentadas y el crédito fiscal del IVA, los contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones fiscales habituales. En el caso de litigios administrativos o judiciales en curso vinculados a los bienes exteriorizados, los contribuyentes deberán allanarse o desistir de cualquier recurso en trámite y asumir los costos legales del proceso.
Cifras y expectativas del Gobierno
Un dato clave para quienes ya adhirieron en las fases anteriores es que, si deciden blanquear nuevos bienes en esta última etapa, deberán pagar el 15% sobre el total declarado, sin importar en qué instancia lo hayan hecho.
El Gobierno aún no ha informado los resultados de la segunda fase, que cerró el 7 de febrero, pero mantiene expectativas altas sobre la recaudación final. Según datos de ARCA, hasta diciembre de 2024 se regularizaron US$32.151 millones, de los cuales US$22.165 millones correspondieron a efectivo depositado en cuentas CERA o cuentas especiales, con un total de 338.955 operaciones registradas. El resto, unos US$9.986 millones, correspondió a inmuebles, vehículos y participaciones societarias.
El informe también detalla que se regularizaron 15.403 cuentas bancarias en el exterior, radicadas principalmente en Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza, y se declararon criptomonedas por un total de US$98 millones.
Con la tercera y última fase en marcha, el Gobierno espera consolidar la recaudación lograda en 2024 y cerrar el blanqueo de capitales con una cifra aún mayor.
