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POLÍTICA

Pidieron enviar a juicio a Eduardo Belliboni por delitos con el programa Potenciar Trabajo

La investigación se inició a partir de una denuncia del Gobierno de Javier Milei. En ella se señalaban llamados anónimos que advertían sobre presiones ejercidas sobre los beneficiarios del plan.

Eduardo Belliboni

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó el envío a juicio oral del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión». La causa investiga supuestos delitos cometidos en el marco del programa Potenciar Trabajo. El requerimiento fue elevado a un Tribunal a pedido del juez federal Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación.

Belliboni y otros 16 acusados enfrentan cargos relacionados con un esquema de manejo irregular de planes sociales. La acusación sostiene que se ejercieron presiones y amenazas sobre beneficiarios vulnerables, obligándolos a participar en marchas y piquetes bajo la advertencia de perder sus beneficios. Además, se habrían desviado fondos mediante facturación apócrifa.

La investigación se inició a partir de una denuncia del Gobierno de Javier Milei. En ella se señalaban llamados anónimos que advertían sobre presiones ejercidas sobre los beneficiarios del plan. Según la Fiscalía, se trató de un «esquema extorsivo-coactivo» que imponía a los beneficiarios la entrega de una parte del dinero recibido, además de su participación en actividades políticas organizadas por el Polo Obrero.

Los argumentos de fiscalía contra Eduardo Belliboni

El fiscal Pollicita argumentó en su requerimiento que Belliboni lideraba una organización destinada a «controlar y manejar» a miles de personas en todo el país. La estructura, según la acusación, buscaba obtener un «lucro indebido» y consolidar un esquema de poder basado en la vulnerabilidad de los beneficiarios del plan social.

En el dictamen, se señala que el grupo acusado se aprovechó de la necesidad de los beneficiarios para condicionar su participación en actividades políticas. Esto incluía la amenaza de retirarles los recursos esenciales que les permitían subsistir. Además, la fiscalía remarcó que la maniobra fraudulenta habría estado vigente desde al menos junio de 2020 hasta marzo de 2024.

La Justicia también continúa investigando la posible implicación de funcionarios nacionales en estos hechos. Según la fiscalía, se habrían utilizado millonarios fondos públicos en beneficio del Polo Obrero y otras estructuras vinculadas, privando a los beneficiarios de una mejor calidad de vida.

¿Cómo continúa el proceso judicial?

Con la solicitud de elevación a juicio, el caso ahora queda en manos del Tribunal Oral, que deberá definir la fecha del proceso. Se espera que en los próximos meses se presenten nuevas pruebas y testimonios que respalden la acusación.

El dictamen presentado por la fiscalía consta de más de 279 carillas y detalla cómo se montó el sistema de desvío de fondos y las amenazas ejercidas sobre los beneficiarios. La Cámara Federal porteña ya confirmó los procesamientos de Belliboni y los demás imputados, lo que refuerza la hipótesis del fiscal Pollicita sobre la existencia de una matriz delictiva.

El futuro juicio oral será clave para determinar la responsabilidad de los acusados en la administración de los fondos del programa Potenciar Trabajo. Las partes involucradas ya fueron notificadas, y se espera que en los próximos días se avance en la definición del proceso judicial que enfrentará Belliboni junto a otros integrantes del Polo Obrero.