El gobierno de Javier Milei declaró este viernes a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista, vinculándola con una serie de ataques y atentados en la Patagonia. La decisión se formalizó a través de la Resolución 210/2025, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y publicada en el Boletín Oficial.
Según el informe técnico jurídico que respalda la medida, la RAM representa una “amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”. Desde 2010 hasta la actualidad, la organización ha sido vinculada con 136 hechos delictivos, incluyendo incendios intencionales, robos, amenazas, atentados explosivos y dos homicidios.
Uno de los casos más graves ocurrió en julio de 2010, cuando un atentado con una bomba molotov en un destacamento de la Policía de Río Negro causó la muerte del barrendero municipal José Domingo Maciel en Cipolletti. Otro hecho ocurrió en marzo de 2012, cuando el sargento de la Policía de Neuquén José Aigo fue asesinado en un ataque armado. Ambos crímenes aún permanecen impunes.
El informe sostiene que la RAM actúa en coordinación con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile y tiene como objetivo la “lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”. Además, se la señala como responsable de incendios masivos en la Patagonia, que han destruido miles de hectáreas de bosques nativos en Neuquén, Río Negro y Chubut.
Consecuencias de la decisión
Con la declaración de la RAM como organización terrorista, el Gobierno la inscribió en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Este listado, que incluye a grupos como Hamas, Hezbollah, Al Qaeda y la Jihad Islámica, permite al Estado congelar sus activos financieros y perseguir penalmente a sus integrantes.
La medida se suma a la denuncia penal presentada por el Gobierno contra Facundo Jones Huala, líder de la RAM, por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación criminal. Jones Huala, quien estuvo preso en Chile y en Argentina, reivindicó los atentados incendiarios en la Patagonia y los sabotajes contra empresas y terratenientes.
El Gobierno también anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes provoquen incendios de manera intencional. La iniciativa incluirá agravantes cuando estos delitos afecten bosques, ecosistemas o comunidades, y buscará que sean considerados delitos no excarcelables.
Posición del Gobierno y reacciones
La ministra Bullrich sostuvo que en la Argentina de Milei “no hay lugar para la violencia ni para los criminales ni para los terroristas”. En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó a Jones Huala como “el enemigo” y respaldó la declaración de la RAM como grupo terrorista.
El Ministerio de Seguridad detalló que, en allanamientos recientes, se hallaron armas largas, equipos de comunicación por radiofrecuencia, municiones y documentos reivindicatorios de los ataques. Según la investigación oficial, estos elementos confirman que la RAM no solo es una agrupación con fines ideológicos, sino que opera con tácticas paramilitares y busca infundir temor en las comunidades de la Patagonia.
El gobierno sostiene que la RAM desconoce la soberanía del Estado argentino y proclama que la República Argentina y sus leyes son ilegítimas. En este contexto, el Ministerio de Seguridad remarcó que la organización “utiliza el incendio como herramienta de presión política”, lo que agrava aún más su impacto en la región.
Un conflicto de larga data
La RAM fue objeto de múltiples denuncias a lo largo de los últimos años. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich ya había alertado sobre la existencia de este grupo y su relación con ataques a empresas y comunidades rurales. Sin embargo, durante la gestión de Alberto Fernández, el enfoque hacia las comunidades mapuches fue más flexible, lo que generó críticas desde sectores de la oposición.
Ahora, con Milei en el poder, el Gobierno busca erradicar cualquier tipo de intermediación con estos grupos y reforzar las penas para quienes atenten contra el orden público. Con la RAM incluida en la lista de organizaciones terroristas, las fuerzas de seguridad tendrán mayor respaldo legal para actuar en la región y desarticular sus operaciones.
En los próximos días, se espera que el Congreso comience el debate sobre la nueva legislación contra los incendios intencionales, mientras la Justicia avanza en las investigaciones sobre los ataques atribuidos a la RAM.
