Los sindicatos no pierden oportunidad para atacar al Gobierno de Javier Milei y defender su estructura burocrática. Esta vez, la CGT, la CTA y gremios afines salieron a cuestionar los índices de inflación publicados por el INDEC, argumentando que “no reflejan el impacto real en el bolsillo” y que el Gobierno “no se atreve a modificarlos porque evidenciaría que la inflación es mayor a la publicada”.
El argumento central de los sindicalistas es que el IPC del INDEC se basa en hábitos de consumo de hace 20 años, lo que generaría una distorsión en los números finales y perjudicaría las negociaciones salariales. Sin embargo, detrás de este discurso, lo que realmente buscan es desacreditar los avances del Gobierno en materia de estabilización económica y aumentar su margen de presión en las paritarias.
El relato sindical: atacar al INDEC para justificar más aumentos
Los dirigentes de la CGT, encabezados por Andrés Rodríguez (UPCN), junto con la Asociación Bancaria, ATE, Luz y Fuerza, Sipreba y otros gremios, publicaron un comunicado en el que acusan al Gobierno de manipular los datos para ocultar la verdadera inflación. Afirman que la brecha entre los datos oficiales y la inflación real fue del 15% en 2024 y que esto explica la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Más allá de los números, lo que los sindicalistas buscan es sostener el relato de que la inflación es culpa del Gobierno y no de las gestiones anteriores, que fueron responsables del desastre económico que Milei intenta revertir.
La realidad es que, desde el primer mes de gestión, el oficialismo logró frenar la escalada inflacionaria sin recurrir a controles de precios ni parches. La desaceleración de la inflación es evidente: el índice de enero fue del 2,2%, el más bajo en casi cinco años. Los gremios, en lugar de reconocer este logro, intentan instalar la idea de que la inflación real es mucho mayor para negociar incrementos salariales desproporcionados.
El trasfondo político de la crítica sindical
No es casual que sean los sindicatos los que encabecen este ataque contra los datos oficiales. Históricamente alineados con el peronismo y el kirchnerismo, la CGT y la CTA han sido piezas clave en la defensa de los gobiernos que generaron el descalabro económico que hoy Milei intenta ordenar.
Los sindicatos no se preocupaban por la inflación cuando el Gobierno de Alberto Fernández la llevó a niveles insostenibles. Tampoco denunciaban la distorsión en el cálculo del IPC durante los años en los que el kirchnerismo intervenía el INDEC para ocultar los números reales. Ahora, con Milei en el poder, de repente parecen interesados en la transparencia de los datos.
El trasfondo de este reclamo es claro: la actualización del IPC afectaría directamente sus negociaciones salariales y pondría en evidencia el impacto de sus demandas en la economía general. Con índices de inflación más altos, las paritarias tendrían un piso más elevado, lo que les permitiría obtener mayores incrementos y, con ello, más margen de maniobra para mantener su estructura de poder.
La necesidad de reformar el INDEC, pero sin caer en el juego sindical
En rigor de la verdad, es cierto que la metodología del INDEC necesita una actualización, algo que el propio organismo ya había planteado en gestiones anteriores. Sin embargo, este ajuste no puede responder a la presión sindical ni convertirse en una herramienta para inflar artificialmente los índices y justificar aumentos desmesurados.
El Gobierno de Milei ya dejó en claro que el cambio en el IPC es un proyecto a mediano plazo y que, por ahora, no se implementará una modificación que altere la medición de la inflación de manera drástica. Esta decisión es clave para evitar que se distorsione la percepción de la economía y se caiga en el juego de los gremios, que solo buscan proteger sus privilegios a costa del ajuste que está llevando adelante el Ejecutivo.
El sindicalismo, una vez más, del lado del problema y no de la solución
Los sindicatos, lejos de colaborar con la recuperación económica del país, buscan boicotear cualquier avance que afecte sus intereses. En lugar de preocuparse por la estabilidad de la economía y la recuperación del poder adquisitivo real de los trabajadores, su único objetivo es sostener su capacidad de presión y negociación a costa de un relato que solo beneficia a sus cúpulas.
El ataque a los datos del INDEC es solo una excusa más para deslegitimar la gestión de Milei y perpetuar un modelo sindical que durante décadas solo ha servido para alimentar la burocracia gremial, mientras los trabajadores siguen perdiendo frente a la inflación que ellos mismos ayudaron a generar.
