El Gobierno nacional desplegará su estrategia en el Senado para lograr la aprobación del proyecto de ley que endurece el régimen de excarcelaciones y busca frenar la reiterancia delictiva. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, será defendida el martes próximo por funcionarios del Ministerio de Justicia en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto.
El Ejecutivo argumenta que la propuesta permitirá poner fin a la «puerta giratoria» de la Justicia, por la cual delincuentes con condenas y antecedentes quedan en libertad y vuelven a delinquir. Sin embargo, el oficialismo enfrenta la resistencia del kirchnerismo y la izquierda, que en la Cámara Baja votaron en contra y ahora intentarán frenar el proyecto en el Senado, donde Unión por la Patria mantiene 34 de las 72 bancas.
La estrategia del Gobierno para lograr la aprobación
El martes a las 17:30, en el debate en comisión, el oficialismo contará con la presencia de Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación, y Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal, quienes defenderán la iniciativa ante los senadores y confrontarán su mirada con los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales y Macarena Fernández Hofmann, invitados a exponer sus objeciones.
El proyecto aprobado en Diputados establece criterios más estrictos para la excarcelación. Actualmente, los jueces solo pueden dictar prisión preventiva si hay riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso. Con esta reforma, también deberán considerar si el imputado tiene múltiples causas penales abiertas, evitando así que los reincidentes queden en libertad sin haber cumplido condenas previas.
Cruces en el Congreso: seguridad o criminalización de la protesta
Durante el debate en Diputados, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que el proyecto busca «terminar con la impunidad». Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, pidió dejar de lado las ideologías y pensar en «la seguridad de la gente». Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño consideró que la iniciativa “agrava la situación penal de quienes eligen delinquir como forma de vida”.
En la vereda opuesta, Martín Soria, diputado de Unión por la Patria, denunció que el proyecto es una herramienta para criminalizar la protesta. «Con esta ley, un abuelo que se manifiesta contra el recorte a jubilados puede terminar preso preventivamente, con el aval de un fiscal amigo de Comodoro Pro», ironizó.
Por su parte, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, advirtió que la norma es «una persecución para evitar que la gente se movilice». «Saben que la resistencia a este plan económico va a crecer y buscan una herramienta legal para reprimirla», sostuvo.
Un sector de la oposición, si bien acompañó el proyecto, marcó diferencias. El diputado Fernando Carbajal (UCR) apoyó la reforma en materia de reincidencia pero rechazó los artículos sobre reiterancia, advirtiendo que la ley podría derivar en penas anticipadas sin condena firme.
El juicio en ausencia: el otro eje del debate
En paralelo, el Senado también discutirá otro proyecto aprobado en Diputados: la implementación del juicio en ausencia para delitos graves como terrorismo y crímenes de lesa humanidad. La propuesta, impulsada por Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), permitiría juzgar a acusados que evadan la Justicia.
El objetivo principal de esta herramienta es destrabar las causas de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, en las que ocho ciudadanos iraníes están implicados y el régimen de Irán se niega a extraditarlos. La ley permitiría juzgarlos en Argentina sin su presencia, garantizando la designación de un defensor para ejercer sus derechos.
Desde la oposición, el kirchnerismo y la izquierda cuestionaron el proyecto. Rodolfo Tailhade (UP) sostuvo que «un defensor sin su defendido no puede hacer nada» y calificó la propuesta como «deficiente en términos de derechos y garantías». Vanina Biasi (FIT) advirtió que “violenta principios básicos del debido proceso y el derecho a la defensa”.
En el oficialismo y aliados, en cambio, defendieron la medida. Juan Manuel López (Coalición Cívica) consideró que el juicio en ausencia no solo permitirá avanzar en la causa AMIA, sino que «quedará para siempre como una herramienta contra el terrorismo y los crímenes de guerra». Sabrina Ajmechet (PRO) celebró que «las pruebas están» y que ahora «también tenemos la voluntad política para habilitar el proceso».
El desafío en el Senado y la pulseada con el kirchnerismo
El Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío clave en el Senado, donde el kirchnerismo buscará bloquear ambos proyectos. Para avanzar, el oficialismo necesita sumar aliados de la UCR y de bloques provinciales, en una negociación donde la seguridad y la Justicia se han convertido en ejes de disputa política.
El desenlace de estos debates marcará un nuevo test de poder para la administración libertaria, que apuesta a consolidar su agenda de orden y seguridad en el Congreso.
