El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un nuevo aumento del 10% en la tarifa de colectivos que operan en la provincia y no ingresan a la Ciudad de Buenos Aires. La medida, que entrará en vigencia el 1 de marzo, llevará el boleto mínimo a $408,24, mientras que a partir de abril el valor se actualizará por inflación más un 2% mensual.
El aumento, que golpea directamente el bolsillo de los usuarios, responde a la necesidad del gobernador kirchnerista de generar un ahorro fiscal en subsidios, mientras sigue culpando al gobierno de Javier Milei por el ajuste en las partidas nacionales. Sin embargo, la realidad es que la mala administración de los recursos provinciales y la falta de un plan económico sustentable lo han llevado a aplicar un tarifazo que contradice su discurso de defensa de los sectores más vulnerables.
La distorsión tarifaria en el AMBA
El incremento del boleto en la provincia acentúa la desigualdad tarifaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras que en los colectivos de jurisdicción bonaerense el pasaje mínimo costará $408,24, en los que dependen del gobierno nacional seguirá en $371,13.
Desde septiembre de 2023, la administración de Milei dejó de subsidiar y gestionar las líneas que operan exclusivamente en la Ciudad o la Provincia, obligando a cada jurisdicción a hacerse cargo de su transporte. Kicillof, en lugar de ajustar el gasto en su desbordada estructura estatal o reducir el déficit de empresas estatales ineficientes, eligió trasladar el costo a los usuarios, exponiendo una vez más el doble discurso kirchnerista.
El aumento en el transporte provincial contradice los principios populistas que Kicillof proclama, ya que lejos de proteger a los trabajadores y sectores de menores ingresos, los obliga a pagar más caro un servicio que sigue sin mejoras en infraestructura, seguridad y frecuencia.
Un aumento para evitar los paros, no para mejorar el servicio
El gobierno de Buenos Aires justificó la medida como un intento de evitar nuevas huelgas en el sector del transporte. Las empresas y los sindicatos han advertido que no pueden garantizar el pago de salarios si no se actualizan las tarifas. Sin embargo, este nuevo ajuste no responde a una planificación real para mejorar el servicio, sino que es un parche improvisado para contener el conflicto con los gremios y empresas de colectivos.
Mientras el gobierno bonaerense sigue aumentando impuestos y tarifas, mantiene una estructura de gasto sobredimensionada con sueldos millonarios para funcionarios, pauta oficial para medios afines y el sostenimiento de empresas estatales deficitarias. A pesar de su discurso de defensa del pueblo, el kirchnerismo vuelve a demostrar que la única manera en la que puede sostener sus políticas es exprimiendo a los contribuyentes.
Consulta pública exprés: una maniobra para justificar el tarifazo
Antes de oficializar el aumento, el Ministerio de Transporte bonaerense, dirigido por Martín Marinucci, habilitó un proceso de consulta ciudadana que se llevará a cabo de manera virtual entre el 17 y el 18 de febrero. Sin embargo, este procedimiento carece de carácter vinculante, lo que demuestra que la decisión ya está tomada y la consulta es apenas una pantalla para justificar el ajuste.
El kirchnerismo, que durante años usó los subsidios al transporte como herramienta de clientelismo político, ahora recurre a aumentos que afectan a los mismos sectores que dice defender. En lugar de buscar una solución estructural al problema del transporte público, opta por la vía fácil de aumentar el boleto y cargar el peso de su propia ineficiencia en los pasajeros.
Mientras Kicillof sigue victimizándose y culpando al gobierno nacional, los bonaerenses tienen que pagar las consecuencias de un modelo de administración que sigue atado a viejas recetas populistas que solo generan más gasto, más impuestos y menos soluciones reales.
