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POLÍTICA

La Justicia falló en favor del Gobierno en su lucha contra las tasas municipales

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el fallo judicial en su cuenta de X, donde expuso a los municipios infractores.

Gobierno

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, desestimó los amparos presentados por los municipios de Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín. De esta manera, fallaron en favor del Gobierno y prohibieron incluir en las facturas de luz y gas los cargos por «tasas municipales» en una batalla que el ministro de Economía, Luis Caputo, se puso al frente.

«La Justicia avaló la medida del Gobierno que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El fallo judicial respaldó la medida de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que protegía a los consumidores ante el cobro de cargos indebidos en las tarifas de servicios públicos», indicó el ministro en su cuenta de X.

Además, el dirigente libertario señaló que «la Justicia definió que no hubo violación a la Constitución Nacional y ni avasallamiento de las autonomías provinciales. En esta misma línea, la Justicia les otorgó a los municipios 90 días para redefinir los mecanismos más apropiados y que consideren idóneos para cobrar las tasas municipales en forma separada de los servicios públicos contratados por el usuario», celebró Luis Caputo en nombre del Gobierno.

«Esta Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también definía que el incumplimiento a lo establecido prevé posibles sanciones en el marco del régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor», añade el escrito que publicó el ministro y que lo compartió el presidente Javier Milei.

Derecho a indemnización

El fallo judicial también precisa que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios «deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario su derecho a reclamar una indemnización si le son facturadas sumas o conceptos indebidos», indicaron desde la Justicia en un revés para los municipios opositores al Gobierno.

«La inclusión de conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor en las facturas de servicios públicos por parte de municipios y gobiernos provinciales se ha ido transformando en una práctica generalizada. Esta práctica configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino también una clara violación a la libertad de elección», sentenció Caputo.