El diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, propuso un proyecto de ley para que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado se sometan a un narcotest obligatorio. La iniciativa busca reforzar la transparencia, asegurar la idoneidad en la función pública y evitar posibles influencias del narcotráfico en la gestión gubernamental. Suspensión y juicio político, las consecuencias.
? Presenté en el Congreso Nacional:
— Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) February 24, 2025
LEY ANTIDOPING Y NARCO TEST PARA LA POLÍTICA Y LA JUSTICIA
Exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los 3 poderes, un paso firme hacia la transparencia y la ética en el Estado. pic.twitter.com/8dkzOfAmf9
Esta medida busca garantizar la integridad e idoneidad en la función pública. Con pruebas periódicas y aleatorias, se asegura que quienes hacen las leyes, gobiernan o imparten justicia den el ejemplo en la lucha contra el narcotráfico y las adicciones.
— Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) February 24, 2025
Es hora de cerrar la brecha de la doble moral. Con este proyecto, se abre una nueva era de responsabilidad para la política y la Justicia. Construyamos un Estado íntegro y comprometido con el pueblo.
— Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) February 24, 2025
El proyecto establece exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios, que serán realizados por laboratorios certificados. Estos controles incluirán a los integrantes del Ejecutivo, el Congreso y la Justicia, además de directivos de organismos autárquicos y empresas estatales. Sin embargo, quedarían excluidos los empleados públicos de menor jerarquía. El presidente Javier Milei reposteó la noticia.
— Javier Milei (@JMileiElecto) February 24, 2025
Sanciones y consecuencias ante un resultado positivo
Según la propuesta, el primer examen se realizaría al asumir el cargo, con pruebas anuales obligatorias y controles aleatorios cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios. Se analizará la presencia de cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas y otras sustancias que no estén prescritas por un médico.
Si un funcionario da positivo, podrá solicitar una contraprueba dentro de las 48 horas. De confirmarse el resultado, será suspendido sin goce de sueldo hasta que se defina su situación. En el caso del Poder Ejecutivo, la decisión final quedará en manos del presidente. Para diputados y senadores, la Comisión de Asuntos Constitucionales podrá recomendar su destitución. En el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura evaluará el proceso de remoción o sanción.
El proyecto también contempla que un funcionario que rechace el examen será considerado positivo, lo que implicaría su suspensión y posible destitución. Además, si un integrante del Estado da positivo en más de una ocasión, se activará automáticamente el proceso de remoción.
Un antecedente en San Luis
El gobierno de San Luis ya implementó una prueba piloto con controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado. En el marco de la «Ley de Ejemplaridad y Coherencia», el gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse al narcotest, asegurando que la lucha contra el narcotráfico exige «coherencia y fortaleza».
El 5 de marzo se realizará el primer sorteo para seleccionar a los primeros 100 funcionarios provinciales que serán sometidos al examen. Luego, recibirán la notificación correspondiente y al día siguiente se tomarán las muestras.
Un debate abierto en el Congreso
El diputado Chumpitaz argumentó que esta iniciativa del narcotest busca reforzar la confianza en las instituciones y evitar que el narcotráfico influya en las decisiones públicas. Destacó que en provincias como Santa Fe, donde la violencia vinculada a las drogas ha aumentado, resulta urgente implementar controles estrictos.
El proyecto ya ingresó al Congreso y abre un nuevo debate sobre la necesidad de establecer filtros que garanticen que quienes ocupan cargos de responsabilidad pública no estén vinculados al consumo de sustancias. Resta ver si la propuesta logra el consenso necesario para avanzar en su tratamiento legislativo.
