Por medio del Decreto 130/2025, el Gobierno oficializó la intervención del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones. La decisión, según la administración libertaria, es para garantizar el correcto funcionamiento de la institución ante la ausencia de sus máximas autoridades asistenciales, algo que ya habían señalado en la Resolución 360/25 del Ministerio de Salud.
Según el decreto, la medida busca fortalecer la capacidad del establecimiento para atender a la población con problemas de salud mental y adicciones. Para ello, se designó al doctor Mariano Bruno Pirozzo como Interventor General del hospital. Pirozzo tendrá amplias facultades para dirigir el establecimiento y garantizar su correcto funcionamiento, además de eliminar los cargos que se superpongan entre sí, algo que también desde el Gobierno aseguraron que ocurre.
El decreto establece la necesidad de mejorar la eficacia y eficiencia del hospital en sus aspectos administrativos y científicos. Se pretende reforzar la atención en salud mental y adicciones, garantizando una prestación de calidad a los pacientes. Además, la intervención asegurará el cumplimiento de normativas y protocolos sanitarios en la institución.
Sobrepoblación
El Ministerio justificó la intervención señalando que el hospital contaba con 326 empleados ingresados durante la gestión de Alberto Fernández. «Para los servicios de guardia e internación había 109 empleados para 55 camas, de las cuales solo 19 se ocupaban en promedio por mes«, indicó el crítico comunicado, en el que destacan que los 38 consultorios externos atendían un promedio de cinco consultas diarias.
«El crecimiento desmedido del personal y el manejo ineficiente de los fondos impactaron negativamente en la capacidad de atención del hospital», afirmaron desde el Gobierno, asegurando que la intervención busca «transparencia y eficacia» en el uso de recursos. Además, aclaran que no buscan cerrar la entidad, sino que apuestan a mejorar su funcionamiento.
De hecho, los trabajadores del Hospital Bonaparte reclaman que el Gobierno quiere intervenirlo y auditarlo para luego cerrar el único hospital público con internación por salud mental. En Casa Rosada niegan que esto sea así, aunque les llama la atención que realicen tantas protestas y que se nieguen a una evaluación de sus recursos.
