El Gobierno, a través del Decreto 144/2025, disolvió el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria al considerar que era «un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados». Desde la administración libertaria denunció «fallas en el funcionamiento» del fondo creado en 2014 con el objetivo de desarrollar proyectos de seguridad aeroportuaria y de infraestructura de seguridad en los aeródromos de todo el país, según se constató en un informe de la SIGEN.
«Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), registró fallas en el funcionamiento del Fondo como la ausencia de programación de proyectos para cubrir aspectos de seguridad; falta de indicadores de gestión; contrataciones efectuadas fuera del objeto del fideicomiso; ausencia de estados contables y de sus controles; fallas materia del resguardo de los fondos fideicomitidos y debilidades de control de gestión, entre otras», aseguraron desde Casa Rosada.
A su vez el Gobierno sostiene que «durante el funcionamiento del Fondo se observó la existencia de una duplicación de contrataciones gestionadas por el Plan Anual de Contrataciones de la ANAC y por las canalizadas a través del Fondo Fiduciario». De esta manera, disolvieron el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria para que no haya entidades que cumplan dos veces la misma función.
El nuevo plan del Gobierno
A partir de la eliminación del organismo, se estableció que la tasa de seguridad aeroportuaria pasaría a ser transferida en un 100% hacia la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el cual depende de la Secretaría de Transporte y, a su vez, del Ministerio de Economía. La ANAC tendrá la obligación de utilizar la mitad de los fondos recaudados, para garantizar la realización de obras y/o la implementación de sistemas o nuevas tecnologías que sirvan para fortalecer la infraestructura de los aeródromos repartidos en todo el territorio nacional.
Cabe señalar que el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria seguirá activo para «asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación». De este modo, el Gobierno reestructura este ente y no lo cierra de manera definitiva, sino que le quita una de sus grandes responsabilidades.
