La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, ordenó la liberación de las 114 personas que fueron detenidas en los incidentes ocurridos en el Congreso de la Nación durante la marcha de los jubilados, a la que se sumaron barras de clubes de fútbol y militantes políticos. En su fallo, argumentó que las fuerzas de seguridad no aportaron la información necesaria sobre los hechos, lo que generó fuertes críticas por parte del Gobierno nacional.
Andrade explicó en su resolución que la información remitida por las fuerzas de seguridad fue «deficitaria» y carecía de datos precisos sobre el lugar y las circunstancias de las detenciones. «No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’. Tampoco se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos con algún tipo de detalle», sostuvo la magistrada en su fallo.
La decisión provocó la reacción del Gobierno, que consideró que la medida debilita la lucha contra la violencia. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su rechazo a la resolución judicial: «Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada».
Las imágenes de los incidentes muestran la quema de patrulleros, la destrucción de contenedores y agresiones a la Policía, con un costo estimado de los destrozos en la zona del Congreso que asciende a $414 millones. Sin embargo, la jueza Andrade cuestionó la información provista por la Policía, alegando que, a medida que avanzaba la causa, «se volvía más imprecisa». Según su fallo, en muchos casos no se especificaron los delitos imputados o los lugares de detención.
Antecedentes y posición del Gobierno porteño
Andrade asumió como jueza en 2021 y tiene antecedentes en causas de alto perfil, como la investigación sobre juego clandestino promocionado por celebridades y la absolución de la expareja de Vicky Xipolitakis en una denuncia por violencia de género.
En esta ocasión, su decisión generó malestar en el gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, aseguró que más de la mitad de los detenidos tienen antecedentes penales y que existen pruebas suficientes para avanzar en la causa. «Vamos a seguir este caso hasta las últimas consecuencias», afirmó.
Argumentos de la jueza y continuidad de la investigación
Andrade citó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 para fundamentar su decisión, recordando que «cualquier detención debe estar debidamente registrada, señalando con claridad las causas, quién la realizó y el momento de la aprehensión». También argumentó que la falta de información sobre los detenidos impidió la justificación de su permanencia en custodia.
No obstante, aclaró que su resolución no implica que los hechos queden impunes y que la investigación penal seguirá en curso. La fiscalía continuará analizando las pruebas, imágenes y testimonios para determinar responsabilidades individuales y eventuales imputaciones.
Un debate sobre la protesta y la violencia
La resolución de la jueza Andrade reaviva el debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la violencia en las manifestaciones. Mientras el Gobierno insiste en que los incidentes se organizaron con intenciones de desestabilización, la magistrada defendió la importancia de respetar las garantías constitucionales en las detenciones. Sin embargo, la discusión sigue abierta: ¿hasta qué punto es posible separar el derecho a manifestarse de los actos vandálicos que generan daños millonarios y ponen en riesgo la seguridad pública?
