Profesores de derecho penal respaldaron a la jueza Karina Andrade en medio de la polémica desatada por su decisión de liberar a los detenidos tras los incidentes en el Congreso. La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) emitió un comunicado en el que abogó por la independencia judicial y defendió la vigencia de los derechos constitucionales.
Los académicos destacaron que «los derechos de libertad de reunión, de expresión y de peticionar a las autoridades están garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales». En ese sentido, consideraron que la jueza actuó dentro del marco legal al ordenar la liberación de las 114 personas arrestadas durante la manifestación del miércoles.
Por su parte, Andrade justificó su fallo señalando que «nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta» y que las detenciones carecían de precisiones sobre «la hora y el lugar» de los hechos o «qué delito específico se estaba convalidando». Tras su decisión, el Gobierno reaccionó con duras críticas y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, advirtió que se evaluaría su actuación en el Consejo de la Magistratura.
Ante esto, la AAPDP expresó su rechazo a los cuestionamientos y exigió «el resguardo de la independencia judicial en la labor de la jueza penal Karina Andrade». En el documento, firmado por docentes de distintas universidades nacionales, se denunció la «irracionalidad punitiva» y la «criminalización de la protesta social».
Abogados citaron al Papa Francisco
Los profesores también citaron un mensaje del Papa Francisco enviado a la institución en 2022, en el que advertía sobre «el abuso de las fuerzas de seguridad y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales». En ese contexto, sostuvieron que la jueza actuó en línea con los principios jurídicos que rigen el país.
Andrade había fundamentado su resolución al señalar que la información sobre los detenidos era cada vez «más imprecisa» y que no se brindaban detalles sobre los motivos específicos de las aprehensiones. En su fallo, subrayó que «se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales», entre ellos el de protesta y manifestación en democracia.
