La Policía Federal impidió el ingreso de más de 40 trabajadores a la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación por orden de su titular, Alberto Baños, en un contexto de despidos en la ex ESMA que afecta a abogados y peritos que trabajan en juicios de lesa humanidad.
El hecho se produce a días del 24 de marzo, cuando se conmemoran 49 años del último golpe de Estado en Argentina. Entre los trabajadores afectados hay delegados sindicales y especialistas en derechos humanos, cuyo acceso a la dependencia fue bloqueado por efectivos de la Policía Federal en la ex ESMA.
La situación se suma a una serie de episodios de tensión en la SDH. A principios de semana, una agente de la PFA filmó una asamblea de trabajadores, lo que generó sospechas de vigilancia y represalias. Además, funcionarios del organismo retiraron carteles con reclamos sindicales y amenazaron con despidos.
Baños justificó la medida argumentando que algunos empleados incurrieron en «actos de indisciplina», incluyendo abandono de tareas y expresiones ideológicas en el ámbito laboral. La nota oficial enviada el jueves por la noche estableció la prohibición de ingreso para aquellos cuyo contrato finaliza el 31 de marzo o que se acogieron a retiros «voluntarios».
Los trabajadores afectados denunciaron que los despidos son una represalia directa contra quienes impulsan juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Almejún, abogado en las causas de Campo de Mayo y delegado sindical, afirmó que la medida deja sin representación legal varias causas en curso.
La versión de ATE sobre lo sucedido con los trabajadores de la ex ESMA
Organismos de derechos humanos y sindicatos calificaron el accionar del gobierno de Javier Milei como un «hostigamiento sistemático» contra la política de memoria, verdad y justicia. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la SDH se ha convertido en un «territorio de amedrentamiento y represión».
La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) había pedido en diciembre el cierre de la SDH y la remoción de funcionarios vinculados a juicios de lesa humanidad. Ahora, con estos despidos, el reclamo de la organización cobra una preocupante relevancia en el contexto de la actual gestión.
