En la antesala de una nueva movilización en el Congreso en apoyo a los jubilados, el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley que busca implementar un sistema de control en las protestas, similar al mecanismo de Tribuna Segura utilizado en los estadios de fútbol. La iniciativa pretende establecer un “derecho de admisión excepcional” para identificar a los participantes y detectar antecedentes penales, con el objetivo de evitar disturbios como los registrados la semana pasada.
Chumpitaz sostiene que su propuesta apunta a diferenciar entre quienes se movilizan pacíficamente y aquellos que, según su criterio, utilizan las marchas como una pantalla para generar violencia. “Es evidente que hay un negocio de tercerización de la violencia que pretende esconderse en la falsa defensa de los más vulnerables, como en este caso los jubilados”, expresó el legislador, oriundo de Rosario.
En esa línea, justificó su iniciativa alegando que es necesario tomar medidas preventivas cuando está en riesgo la seguridad de manifestantes, ciudadanos, fuerzas de seguridad y la prensa.
El proyecto propone implementar anillos de control en los accesos a la zona de protesta, donde se escanearían los documentos de identidad de los asistentes para detectar posibles antecedentes penales. Esta metodología es la misma que utiliza el programa Tribuna Segura en eventos deportivos, en el que la policía identifica a personas con prohibición de ingreso a los estadios o con causas judiciales pendientes.
“El derecho de admisión en manifestaciones sería una medida táctica excepcional con la finalidad de disuadir la llegada de delincuentes que buscan desestabilizar y generar conmoción social”, explicaron desde el equipo de Chumpitaz en el comunicado con el que dieron a conocer el proyecto.
El contexto: protestas y operativos de seguridad
La iniciativa se da en un marco de alta tensión, luego de la represión ocurrida en la última movilización frente al Congreso. Según la versión del Gobierno, en aquella protesta participaron integrantes de barras bravas y dirigentes políticos que habrían incentivado disturbios con el objetivo de desestabilizar la administración de Javier Milei.
Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró que al menos dos intendentes peronistas estuvieron involucrados en la organización de la marcha. El saldo de los enfrentamientos fue de decenas de heridos, más de un centenar de detenidos y un caso de extrema gravedad: el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en el rostro.
Frente a este escenario, el presidente Milei reafirmó su respaldo a Bullrich y anticipó que se mantendrán los operativos de seguridad con el mismo criterio. “Las órdenes son claras: las fuerzas de seguridad actuarán de manera implacable contra quienes intenten obstruir el tránsito o generar destrozos”, reiteraron desde el Gobierno.
Reacciones y debate en el Congreso
El proyecto de Chumpitaz abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el derecho a la protesta y los límites en el uso de la fuerza pública. Desde sectores opositores ya anticipan un fuerte rechazo, argumentando que la propuesta criminaliza la movilización social y otorga facultades discrecionales para impedir el acceso a manifestaciones.
Por su parte, el oficialismo sostiene que el objetivo es garantizar que quienes se manifiesten lo hagan sin riesgo de que su reclamo sea utilizado como pretexto para la violencia.
En medio de este debate, la próxima marcha del miércoles 19 de marzo se perfila como una nueva prueba de fuego para la estrategia de seguridad del Gobierno y la reacción de las fuerzas policiales ante las movilizaciones.
